El Tribunal Permanente de los Pueblos y la Sesión sobre genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia

Declaración del Jurado del TPP en el acto de lanzamiento del 26 enero 2021

Así como ha sido notificado extensamente en muchas fuentes de información colombianas e internacionales, el Tribunal Permanentede los Pueblos inauguró oficialmente el 26 de enero de 2021 su procedimiento contra el Gobierno y el Estado colombiano, presentado por una plataforma de entidades promotoras que agrupan 126 organizaciones y más de 170 personas defensoras de derechos humanos, artistas, académicos y personalidades políticas colombianas. La Secretaría General del TPP considera que el texto oficial de la declaración del Presidente del TPP y del Jurado sea la contribución más útil a la campaña de visibilidad, que por definición es la primera y fundamental respuesta que un tribunal de opinión hace a una acusación de violaciones tan graves de derechos los derechos humanos y de los pueblos que se ha escuchado en ese día.

La historia de las relaciones del TPP con Colombia es larga. Empezó con el ciclo de sesiones sobre la impunidad en Am[rica latina y en Colombia, de 1989 a 1991, que culminó con la audiencia en Bogotó en abril de 1998. Los que han participado a la audiencia sobre Colombia no pueden olvidar que, en esta sesión, el papel de fiscal fue asumido por nuestro gran amigo Eduardo Umaña, asesinado varios años despuès, sin que los autores de este crimen hayan sido juzgado, lo que confirma la permanente impunidad que denunciamos desde esta época.

Siguieron, en los años 2006-2008, las audiencias sobre el papel de las empresas transnacionales. Hoy, estamos a punto de empezar una nueva sesión sobre el genocidio político y la impunidad. Más de treinta años han pasado desde la primera audiencia sobre Colombia, y las graves violaciones a los derechos humanos han seguido, con un nivel altísimo de impunidad, como se ha notado en las sucesivas audiencias.

El acta de acusación que se acaba de presentar muestra una continuidad de la represión masiva de la protesta social, desde el caso de las bananeras en 1928 hasta hoy en día. Ya, hace casi un siglo, se veía y se denunciaba el papel de las compañías transnacionales, pero estas compañías han seguido actuando permanentemente en el país desde esta época. La acusación subraya también la represión ejercida contra los sindicalistas y los asesinatos de sindicalistas; los crímenes poltíicos, desde el asesinato de Gaitán hasta la eliminación de los miembros de la Unión Patriótica.

En la primera audiencia sobre la impunidad en América latina, y precisamente en Colombia, el Tribunal describía asi la realidad de Colombia: « Un gobierno formalmente democrático, sobre el cual se cimenta una inusitada y persistente ejecución de crímenes de lesa humanidad. La violencia institucional (fuerzas armadas y organismos de seguridad), parainstitucional (organismos paramilitares) y extrainstitucional (sicarios y asesinos a sueldo)…persigue acabar con toda persona y organización social, gremial o política que confronta las injustas estructuras socio-económicas y políticas vigentes. El asesinato de líderes populares y políticos de oposición, la desaparición forzada, las masacres de campesinos, los bombardeos de zonas rurales, la detención illegal, son varios de los instrumentos utilizados en la sistemática y permanente violación de los más elementales derechos »… y se describían los mecanismos de impunidad, que han seguido vigentes durante muchos años …

En su sesiòn de julio de 2008, el Tribunal condenó al gobierno de Colombia « por su participación, directa o indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de prácticas genocidas,…en la comisión de crímenes de lesa humanidad…y por incuplimiento de sus obligaciones de persecución  del genocidio,…y de los crímenes de lesa humanidad, y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes… »

Desde la última sesión del Tribunal, el conflicto armado con las FARC terminó y se ha concluído con el acuerdo de paz firmado por las partes en noviembre de 2016. Los órganos creados por el acuerdo, la JEP, la Comisión de la verdad y la Unidad de búsqueda de los desaparecidos, siguen desarollando una labor muy seria, dedicada e útil. Pero, a pesar de eso y de la voluntad del pueblo colombiano de vivir en paz, siguen cometiéndose asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de indígenas, de campesinos y de firmantes de la paz (miembros de las FARC), como una continuación de lo que se está denunciando en las precedentes audiencias.

Con esas breves consideraciones, en nombre del Tribunal, acogo la acusación presentada por el observatorio de derechos humanos y derecho humanitario, la coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la coordinación de organizaciones no gubernamentales y sociales de derechos humanos, y confirmo que la 48° sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se tendrá en Bogotá del 25 al 27 de marzo 2021.

Philippe Texier, Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos

en representancia del panel de jueces y juezas, compuesto por:

Andrés Barreda (México), Luciana Castellina (Italia), Graciela Daleo (Argentina), Mireille Fanon Mendès-France (Francia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Michel Forst (Francia), Esperanza Martínez (Ecuador), Luis Moita (Portugal), Antoni Pigrau Solé (España)

y del la Secreteria general del TPP, cuyos componentes son:

Gianni Tognoni, Secretario general, y Simona Fraudatario, coordinadora

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