Acceda al resumen de la sentencia

El 19 de septiembre se concluyó en La Haya la 51ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se había inaugurado en noviembre de 2021 a petición de la coalición Safer World for Truth – formada por Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists y Reporters Without Borders, con el apoyo del Syrian Centre for Press and Freedom of Expression, el Centre for Justice and Accountability y por numerosas y diversas asociaciones residentes en los tres estados acusados – y se dividió en audiencias temáticas dedicadas a los tres casos ejemplares de asesinato de los periodistas Miguel Ángel López Velasco (México), Lasantha Wickrematunge (Sri Lanka) y Nabil Walid Al-Sharbaji (Siria).

Sobre la base de la rica y rigurosa documentación y los testimonios presentados públicamente, el jurado del TPP emitió por unanimidad un veredicto condenatorio contra los Estados de México, Sri Lanka y Siria por ser culpables, por sus acciones y omisiones (falta de la debida investigación, falta de medidas de reparación para las víctimas, impunidad total), de todas las violaciones de los derechos humanos denunciadas en la acusación. La gravedad de la responsabilidad se acentúa además al ser los tres Estados firmantes del tratado multilateral que les obliga a respetar los derechos civiles y políticos fundamentales de todos los ciudadanos, que incluyen, entre otros, el derecho a la vida, la libertad de religión, de expresión, de reunión y el derecho al debido proceso.

A lo largo de las cuatro audiencias de la Sesión, los familiares de las víctimas, así como los numerosos expertos que intervinieron, pusieron plenamente de manifiesto la tendencia creciente, en los más diversos contextos, de las numerosas formas de violencia contra quienes trabajan en el ámbito de la información, con importantes consecuencias sobre la capacidad de una sociedad en su conjunto no sólo de hacer justicia a las víctimas, sino también de garantizar niveles responsables de democracia.

El TPP puso en evidencia el preocupante empeoramiento de la situación a nivel internacional (los datos disponibles, relatados en la sentencia, sobre las cifras de asesinados y sobre la sustancial totalidad de la impunidad lo confirman) y la multiplicación de posicionamientos y recomendaciones producidas por las Naciones Unidas y por organismos internacionales y regionales que no se han traducido en resultados significativos. Una clara falta de voluntad política es el hilo rojo que une las evidencias de la irrealizabilidad del derecho internacional. .Por tanto,en el ámbito de sus competencias y con plena conciencia de sus limitaciones,  y para que ni siquiera sus recomendaciones se queden en un ejercicio formal, el TPP   ha abogadocon fuerza por un urgente y prolongado trabajo de participación desde abajo de todos los actores sociales.

En este sentido deben leerse dos iniciativas – fuertemente diferentes, pero aún más significativamente complementarias – que acompañaron la clausura de la Sesión. Lejos de La Haya, en México, en el Estado más afectado por una auténtica masacre de «trabajadores de la información», en Veracruz, se leyó la sentencia en un acto en el que participaron los familiares de Miguel Ángel acompañados por una de las juezas del TPP, Marcela Turati, y una multitud que se dispersó sólo por la erupción de un terremoto. En el evocador marco de la Nieuwe Kerk, en cambio, las palabras que habían atestiguado el carácter trágico de las pruebas dieron paso a una «liturgia del silencio»: cada uno de los presentes tenían  una foto de un periodista asesinado para crear un monumento de rostros que exigía que las conclusiones del TPP no fueran el final de un deber de memoria, sino el comienzo de otro camino.

El jurado de la sesión del TPP sobre periodistas

El jurado, convocado por el Presidente y el Secretario General del TPP, Gianni Tognoni, está compuesto, en orden alfabético, por Eduardo Bertoni (Argentina), anteriormente Relator Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Gill H. Boehringer (Australia), ex decano e investigador principal honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Macquarie de Sydney; Marina Forti (Italia), periodista independiente;  Mariarosaria Guglielmi (Italia), magistrada, vicepresidenta de Medel (Magistrates Européens pour la Démocratie et Libertés); Helen Jarvis (Australia-Camboya), ex jefa de la Sección de Apoyo a las Víctimas del Tribunal Especial de Camboya y vicepresidenta del Tribunal Permanente de los Pueblos. Nello Rossi (Italia), ex magistrado del Tribunal Supremo de Casación, Sección Penal, y Vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos; Kalpana Sharma (India), periodista independiente; Philippe Texier (Francia), ex magistrado del Tribunal de Casación francés y Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos; Marcela Turati Muñoz (México), periodista independiente.

PARA MÁS INFORMACIÓN

El texto completo de la sentencia estará disponible a partir de la mitad de octubre de 2022.

 

Presentación de la sentencia: inglés, español, árabe

Video de presentación de la sesión: inglés

 

Sesión de apertura: inglés

Audiencia sobre  México: Inglés

Audiencia sobre  Sri Lanka: Inglés

Audiencia sobre  Siria: inglés

 

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El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal de opinión internacional competente para pronunciarse sobre cualquier delito grave cometido en perjuicio de pueblos y minorías. Nació en Bolonia en 1979 gracias a la intuición del jurista y político Lelio Basso y en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976). En continuidad directa con los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-67) y América Latina (1973-76), el TPP se transformó en una institución permanente, capaz de dar voz y visibilidad a aquellos pueblos obligados a enfrentar la impunidad.  El Tribunal está integrado por una red de 70 expertos y personalidades de reconocido prestigio internacional, convocados para formar el jurado de cada sesión. Con numerosas sesiones y sentencias, el Tribunal ha dado visibilidad a numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Recientemente ha ampliado sus áreas de especialización también a los delitos económicos, ecológicos y sistémicos. Tiene su sede en Roma, en la Fundación Lelio y Lisli Basso, en via della Dogana Vecchia 5.

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