UNA DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

La profundidad, extensión y gravedad con la que, en las últimas semanas, el drama de cientos de miles de migrantes se ha intensificado trágicamente en los escenarios del Egeo y en las rutas de los Balcanes, por la responsabilidad compartida de Turquía, Grecia y la Unión Europea, se ha vuelto intolerable. La violencia desencadenada por la intervención policial con el fin de bloquear el flujo de refugiados o evitar el desembarco de botes improvisados con destino a las islas griegas, los ataques del escuadrón de grupos neonazis, a quienes se les permitió libremente actuar, las condiciones inhumanas en las que han sido abandonadas en la isla de Lesbos decenas de miles de personas  que han huido del odio y la violencia de la guerra, constituyen una vergüenza destinada a manchar para siempre la conciencia de los pueblos europeos y sus instituciones comunes.

Con la presente declaración, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en continuidad con el trabajo realizado a través de sus cinco Sesiones dedicadas a la violación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados (2017-2019), con el apoyo de cientos de organizaciones y movimientos de la sociedad democrática europea, denuncia el drama de una nueva involución de las políticas y prácticas de la UE y sus Estados miembros. Como hemos expresado en los términos más explícitos y articulados en el documento final presentado hace un año en Bruselas en la sede del Parlamento Europeo, las violaciones de los derechos humanos causadas de manera masiva y sistemática a las personas y poblaciones enteras de migrantes y refugiados, constituyen en su conjunto una negación continua, planificada y sistemática de los derechos fundamentales e integran crímenes contra la humanidad que, producto de políticas públicas a las que contribuyen muchos actores, significan verdaderos “crímenes de sistema”.

Estos eventos demuestran cómo la política de externalización de fronteras, dirigida a evitar que los refugiados ingresen a Europa mediante la cancelación sustancial del derecho de asilo, está causando una verdadera catástrofe humanitaria, a la que ningún ser humano puede ser indiferente sin perder su propia dignidad.

Después de haber matado a miles y miles de personas en el mar, en las aguas del Mediterráneo, por omisiones de socorro o por actividades deliberadas de devolución, ahora la práctica de negarse a reconocer la dignidad humana de los refugiados también se está extendiendo en las fronteras terrestres.

Es inaceptable que Grecia haya “suspendido” unilateralmente la aplicación de la legislación europea sobre protección internacional y haya prohibido la posibilidad de acceder al territorio para solicitar asilo, sin ninguna reacción de las instituciones europeas.

Como ha observado el ACNUR, “ni la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni el derecho de la Unión Europea en materia de asilo proporcionan ninguna base legal que permita la suspensión de hacerse cargo de las solicitudes de asilo. En este sentido, el gobierno griego ha evocado el art. 78 (3) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sin embargo, las disposiciones contenidas en el mismo permiten al Consejo Europeo adoptar medidas provisionales, bajo propuesta de la Comisión Europea y en consulta con el Parlamento Europeo, en caso de que uno o más Estados miembros se enfrenten a una situación de emergencia caracterizada por una repentina afluencia de ciudadanos de terceros países en su territorio, sin prever la posibilidad de suspender el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, ambos reconocidos por las normas internacionales y reafirmados por la legislación de la UE. Las personas que ingresen ilegalmente al territorio de un Estado no deben ser sancionadas si acuden a las autoridades para solicitar asilo “.

La responsabilidad de las autoridades de la Unión es enorme si consideramos que la reciente visita del Presidente de la Comisión Europea en la frontera greco-turca ha resultado en una aprobación sustancial de la práctica de devolución de los refugiados y del los métodos utilizados por Grecia.

Todo esto está confirmado por el nuevo rol asignado a la Agencia de Control Fronterizo Externo FRONTEX, ahora redefinida como la “Guardia Europea de Fronteras y Costas”, una verdadera fuerza policial equipada con patrulleros y vehículos militares que intervienen coordinadamente con los guardias de fronteras de los países miembros, que realizan alejamientos indiscriminados y expulsiones con acompañamiento forzado, sin atención a  la violencia de los medios adoptados.

Frente al empeoramiento dramático de otra situación de guerra que hace que la afluencia de migrantes y refugiados no sea una “emergencia”, sino una constante estructural, la UE ha respondido solo con políticas indiscriminadas de “contención”, dictadas por el egoísmo miope y por consideraciones de relaciones cada vez más ambiguas con los diversos actores políticos y militares.

Esta situación se está volviendo cada vez más dramática: la atribución a Turquía de la detención de refugiados provenientes principalmente del conflicto en Siria ha llevado a la creación de verdaderos campos de concentración de los cuales todos aspiran legítimamente a huir y ha dado a Erdogan una herramienta formidable para chantajear a la Unión Europea.

Ante esta situación desastrosa, la Unión Europea debe intervenir de inmediato, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión (artículo 78.3), mediante la implementación de un plan de reubicación extraordinario y urgente para los refugiados que llegan a Grecia y Bulgaria, para sustraer a la violencia y la arbitrariedad decenas de miles de seres humanos que tienen derecho a ser aceptados y solicitar asilo en Europa. El Plan debe establecer cuotas adecuadas y debe implementarse con procedimientos rápidos y sin la aplicación de requisitos de nacionalidad para evitar una discriminación que lleve a su fracaso, como desafortunadamente ya sucedió en 2015 con las medidas tomadas a favor de Grecia y Italia y que se mantuvieron casi completamente sin cumplir.

Somos conscientes de que para gobernar fenómenos complejos no es suficiente invocar  el derecho, sino la política que en cualquier caso debe ser respetuosa de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos, ya que la protección de los derechos fundamentales constituye un límite infranqueable para todos, incluso para legisladores y gobiernos, que debe indicar perspectivas y proporcionar soluciones que hagan efectivos los derechos humanos y la aspiración a la convivencia pacífica entre diferentes personas.

La política de la UE también expresa y determina inevitablemente el comportamiento y la cultura de la sociedad civil europea, más allá de los gobiernos de los Estados miembros. La gran atención, más que justificada y con todas sus contradicciones, a la emergencia COVID 19 está contribuyendo, junto con la lógica de las políticas económicas neoliberales, a hacer que el “problema de la migración” no sea ya el indicador esencial de la humanidad de nuestra civilización, sino la expresión manifiesta de una Europa que condena al ‘desperdicio’ y cancela a todos los seres humanos que no son parte de la lógica de sus propios modelos de desarrollo.

La impunidad de esta cancelación atribuye al crimen del sistema el eco de un “genocidio continuo”. La humanidad futura nos pedirá cuentas.

 

Philippe Texier, Presidente del TPP

a nombre de los jueces de las Sesiones sobre La violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas (2017-2019)

Teresa Almeida Cravo

Bridget Anderson

Perfecto Andrés Ibáñez

Leah Bassel

Souhayr Belhassen

Maureen Byrne

Eddie Bruce Jones

Luciana Castellina

Jennnifer Chiriga

Donatella Di Cesare

Mireille Fanon Mendes-France

Marina Forti

Pierre Galand

Domenico Gallo

Leticia Gutiérrez

Franco Ippolito

Claire-Marie Lievens

Carlos Martin Beristain

Francesco Martone

Luis Moita

Madeleine Mukamabano

Patricia Orejudo

Wah-Piow Tan

Enrico Pugliese

Laia Serra

Sophie Thonon-Wesfreid

Stasa Zajovic

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