Programa de la Conferencia internacional

Ningún siglo en la historia de la humanidad, anterior al siglo XX, ha sido testigo de un interés tan grande, de numerosas delcaraciones y normas sobre los derechos humanos, a nivel global. De hecho, con la excepción de pocas experiencias, limitadas en el tiempo, por la primera vez se ha intentado forjar un lenguaje de los derechos humanos, capaz de reemplazar todos los lenguajes éticos existentes. En el acto de apertura de la Conferencia sobre derechos humanos realizada en Viena en 1993, el Secretario General de Naciones Unidas de aquel entonces, Boutros Boutros Ghali, sostuvo que estos derechos representan un “lenguaje común perteneciente a la humanidad entera”. En la época de la superación de las grandes ideologías, la narrativa de los derechos humanos se afirma como la única ideologia universal en formación, cuyos principios dan fundamento tanto a la legitimización constitucional de los estados como a la demanda de libre determinación de pueblos y colectividades, cuya resistencia se encuentra diseminada a lo largo y lo ancho de todo el mundo.

Una ideologia en formación, entonces. Los principios del derecho no pueden ser interpretados y utilizados sólo para defender lo que ya ha sido establecido o cumplido. Su legitimidad tiene fundamento en un proceso continuado y siempre renovado de verificación de la capacidad de ofrecer respuestas a las demandas de derecho y a las necesidades de individuos y colectividades en sus contextos de vidas reales, que son representandos en la enunciación de estos mismos derechos.

Con base en este principio y perspectiva, se formuló, hace cuarenta años, el 4 de julio de 1946, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, como respuesta a las peticiones de los movimientos de resistencia y liberación, y con la contribución de un sólido núcleo de expertos del derecho internacional. Conocida como Carta de Argel, la Declaración afirma con vehemencia el cambio necesario de paradigma en consideración de las desgarradoras contradicciones del contexto político y jurídico internacional de aquel entonces. La conclusión del proceso de decolonización – una de las prioridades de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948 – se enfrentaba con la violenta afirmación de un nuevo proceso de colonización económica al cual se se añadía una inversión de la jerarquía de los derechos fundamentales. Los pueblos, otra vez marginalizados, fueron convertidos en enemigos internos por aquellos Estados que eran responsables de la violación de sus vida y dignidad, ante el silencio de la comunidad y del derecho internacional.

La memoria de los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos – reconocida más y más por muchos grupos y movimientos como una visión anticipadora de un orden internacional desde la perspectiva de los pueblos – se enmarca en un contexto globalizado que pide con fuerza la formulación necesaria de nuevas definiciones y respuestas. Las consecuencias producidas por la financiarización de la economía, y la creciente autonomía de los actores económicos transnacionales con respecto a la normatividad del derecho, documentan, de manera inequívoca, la incapacidad de las democracias constitucionales de garantizar la inviolabilidad de los derechos fundamentales frente a los modelos de desarrollo y de governance que imponen sólo prioridades económicas.

El seminario internacional de Roma, luego del cual, en la segunda mitad de 2016, se dará lugar a encuentros y reflexiones decentralizados en diferentes partes del mundo, tiene el propósito de formular dos perspectivas de trabajo, que se refieren a:

  • una mirada transformada y una agenda alternativa, ambas necesarias, para participar en la formulación de principios y prácticas de autodeterminación de colectividades reales y pueblos, a medida de los desafíos del presente y del futuro;
  • el compromiso para promover el vínculo y la cooperación entre realidades internacionales distintas que comparten, con sus diferencias, estratégias doctrinales y operativas de resistencia ante el actual orden económico-financiero global. Un esfuerzo de participación para experimentar la posibilidad de practicar concretamente un paradigma social fundado en el respeto de los derechos del individuo y de las colectividades.
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