TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

SENTENCIA SOBRE EL GENOCIDIO POLITICO, IMPUNIDAD Y LOS CRIMENES CONTRA LA PAZ EN COLOMBIA (2020-2021)

La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Genocidio político, impunidad y los crimenes contra la paz en Colombia ha sido emitida el día 17 de junio de 2021 en Bogotà. El texto de la sentencia – más de 100 páginas, con una extensión de la misma amplitud de los anexos indispensables – requiere una lectura directa para apreciar la originalidad y la densidad de los contenidos, de los cuales se destacan, en la presente comunicación, los elementos esenciales.

El jurado del TPP, compuesto por el obispo Raúl Vera, Andrés Barreda, Lottie Cunningham, Esperanza Martínez, Graciela Daleo, Daniel Feierstein, Luis Moita, Antoni Pigrau Solé, Mireille Fanon, Michel Forst, Philippe Texier, Luciana Castellina y Luigi Ferrajoli,  ha reconocido el Estado de Colombia culpable del crimen de genocidio, desarrollado sin solución de continuidad a lo largo de las décadas del siglo XX y con más atrocidad durante los últimos diecinueve gobiernos, con un rol central de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe Vélez (años 2002-2010).

La documentación detallada de las evidencias y de las motivaciones del juicio, desde el punto de vista de los hechos, del contexto geopolítico y de la rigurosa calificación jurídica, a la luz del derecho nacional e internacional, se articula en cuatro secciones principales.

El espectro del tamaño y de la gravedad de los crímenes cometidos contra los grupos nacionales más representativos (pueblos indígenas, pueblo negro afrodescendientes, grupos campesino, organizaciones sindicales, movimientos políticos, líderes y lideresas sociales, movimiento estudiantil universitario) ocupa la primera parte y propone la narración de una situación de violencia estructural y de terror generalizado, donde todos los crímenes reconocidos por el derecho internacional en término de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra documentan una estrategia planificada y efectiva de destrucción de la identidad del pueblo de Colombia, que es calificado a través de documentos oficiales como el “enemigo interno”.

El rol protagonista de la geopolítica de los Estados Unidos, desde los inicios del siglo XX, y con una intensidad y sistematicidad creciente a partir del periodo post-guerra hasta el día de hoy, es analizado con el respaldo documental de publicaciones ofíciales y de informes de expertos poniendo en evidencia su involucramiento directo específicamente en la creación y el respaldo ininterrumpido del paramilitarismo, que ha tenido su expresión más trágica durante el gobierno de Uribe: la culminación de la tragedia de los “falsos positivos” es quizás el evento concreto y simbólico que resume el impacto de una lógica de violencia promovida y impune que ve la población civil transformada en un objeto sin defensa y sin derechos.

La lectura de una historia tan larga, no como una sucesión de tantas “crónicas” – de matanzas, asesinados sin número de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres, de todas las edades y etnias, que han visto como actores también representantes y intereses de poderes económicos multinacionales de la industria extractivas, con ocupación de territorios y desplazamientos forzados de millones de personas – sino como el resultado de un verdadero diseño genocida es al centro de la tercera parte de la sentencia. El análisis jurídica, social, cultural de este proceso continuo en el tiempo, a través de las coherencias de sus numerosas formas coincide con la definición más estricta del crimen de genocidio, así como este crimen ha podido ser entendido y definido en la doctrina jurídica más actualizada del derecho internacional. El diseño permanente del Estado de Colombia representando por sus gobiernos oligárquicos ha sido la cancelación-destrucción  de la identidad y de la autonomía de la vida de los pueblos y grupos humanos que tenían, y siguen teniendo, un proyecto de vida y de futuro diferente.

La cuarta parte de la sentencia, que traza también la continuidad y la complementariedad de esta sesión del TPP con las dos antecedentes sobre la impunidad (1989-1991) y sobre las impresas transnacionales (2006-2008), pone en evidencia, en el cuadro muy complejo de la violencia genocida, la articulación de las tantas violaciones  de los derechos humanos y de los pueblos en crímenes contra la humanidad y en crímenes de guerra. La contribución de esta parte jurídica es esencial para permitir una orientación bien documentada con respeto a las responsabilidades de los actores (estatales, militares, paramilitares, de la resistencia armada, privados, nacionales y internacionales) que han cruzado sus roles y intereses, con la comisión así como con la omisión, en la producción de los hechos documentado en la primera parte.

La formulación del fallo de condena pone bien en evidencia los crímenes y sus responsables: la lectura de esta parte, evidentemente central, de la sentencia, así como de las recomendaciones, puede dar un cuadro sintético, dramático y al mismo tiempo propositivo, del sentido y de los objetivos del trabajo del TPP.

Con una conclusión que es fundamental: el TPP no es un tribunal penal, con objetivos  y poderes para traducir sus juicios de condena en medidas propias (y pero tan raras hasta la ausencia) del poder de los Estados, a través sus tribunales estatales e internacionales. El TPP es una herramienta de los pueblos: la rigurosidad de sus dictámenes es un ejercicio de verdad que restituye a los pueblos-victimas la identidad, conciencia, dignidad de sujetos de su historia, que debe y puede continuar su lucha por allá de las impunidades. El gran evento del paro general y de su represión feroz es el comentario más preciso sobre la actualidad y a la urgencia de este dictamen, que quiere ser una contribución y un llamado ante de todo a la Comisión por la verdad que está en la última fase se su mandato y que pretende de ser también un desafío a la opinión pública internacional (por allá de la dramáticamente débil y responsable del crimen de silencio de la comunidad de los Estados).

La lucha de resistencia y de futuro del pueblo de Colombia contra su genocidio es un alerta, y un indicador de camino, para tantos pueblos.

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