Mañana se cumple el aniversario de la muerte de Nallelly Sepúlveda y Edison David, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdP), Colombia, quienes fueron asesinados a tiros el 19 de marzo de 2024 en su casa en Las Delicias, La Esperanza. A pesar de su nombre, La Esperanza y, en general, la Serranía del Abibe (la CdP fundó su proyecto de paz, retorno, autogestión comunitaria y vida en algunos de los territorios de esta cordillera) representan hoy uno de los escenarios de la reformulación de la lógica de la violencia en el Urabá Antioqueño, que responde principalmente a los intereses económicos de los grupos armados ilegales y a una cultura paramilitar cada vez más capaz de penetrar y dividir a las organizaciones sociales, y de condicionar las decisiones de las instituciones locales.
El Tribunal se reunió con la Comunidad con ocasión de la delegación internacional de la Red Europea de Apoyo a la CdP, que visitó Colombia en la segunda quincena de marzo para celebrar el 27º aniversario de su fundación, ocurrida el 27 de marzo de 1997. El doble asesinato tuvo lugar pocos días después del reconocimiento de algunos territorios de la Comunidad como Zonas de Preservación Ambiental, uno de los cuales, denominado Porvenir, lleva ahora el nombre de Lelio Basso.
La noticia del asesinato de Nallely y Edinson, de 31 y 15 años, desató la indignación de instituciones del gobierno central, representaciones diplomáticas en Colombia, organizaciones sociales, la Iglesia y el mundo académico. Como recordó el Papa Francisco el pasado 25 de marzo, la Comunidad es reconocida internacionalmente por el camino de paz que emprendió antes y después de los acuerdos de 2016. No cabe duda de que el trágico suceso es una manifestación de la difícil fase de implementación de los acuerdos y de la cada vez más evidente desconexión entre la voluntad institucional central y la local.
Con motivo de este aniversario, el TPP se remite a los análisis y recomendaciones del llamamiento promovido por la delegación internacional de la Red Europea y firmado por numerosos académicos. La garantía de existencia del proyecto de vida comunitario pasa necesariamente por un plan de pacificación territorial que requiere acciones conjuntas de las instituciones nacionales y locales y el acompañamiento atento de la comunidad internacional. Es tiempo de reconocer y garantizar el derecho a la paz de la Comunidad y de Colombia entera.
Descarga el llamamiento aquí.