El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó recientemente en La Haya una de sus sesiones más significativas sobre la impunidad del asesinato de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. La sesión puso de relieve cómo uno de los crímenes más notorios del derecho internacional, el de la «eliminación» (este término no jurídico refleja la realidad concreta) de los garantes de una información independiente y verificable sobre la violación de los derechos fundamentales individuales y colectivos, ha quedado relegado a la impotencia. Los casos examinados por el TPP son ejemplares de la guerra permanente, generalizada y estructural de los gobiernos (y poderes) estatales no democráticos y/o explícitamente dictatoriales contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo.
La información está hoy bajo ataque en Gaza.
La ofensiva ordenada por el gobierno de Benjamín Netanyahu y lanzada por las fuerzas armadas israelíes contra el enclave palestino de la Franja de Gaza, en respuesta al ataque de Hamás que dejó 1.139 muertos en territorio israelí el 7 de octubre, se ha saldado con la muerte de más de 24.000 palestinos, casi todos civiles, en su mayoría mujeres y niños. Junto a ellos, murieron decenas de periodistas, fotoperiodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.
Hasta el 17 de enero, el Committe to protect journalists ha comprobado que 83 periodistas han muerto en el ejercicio de su profesión, 76 de ellos palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses. Otros están heridos o desaparecidos, y otros han sido detenidos por las autoridades israelíes. Quedan muchos más nombres por verificar. Diversas fuentes, entre ellas el Gaza Media Centre, hablan de más de 115 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación muertos.
Muchos de ellos fueron abatidos deliberadamente: por francotiradores o drones, apuntando con precisión. En un caso, se impidió a los equipos de rescate llegar hasta un reportero herido durante varias horas, hasta que murió desangrado. La organización Reporteros Sin Fronteras ha documentado numerosos casos en dos denuncias diferentes ante la Corte Penal Internacional (CPI). La oficina del fiscal Karim Khan declaró que estos casos se incluirán en la investigación de la CPI sobre Palestina.
Queremos subrayar que los periodistas son civiles que realizan un trabajo de interés público y, como tales, no pueden ser objeto de ataques legales en virtud del derecho internacional. En cambio, tanto en Gaza como en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania o en la frontera entre Líbano e Israel, los trabajadores de los medios de comunicación están pagando un alto precio. En la Franja de Gaza, en particular, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación realizan su trabajo en condiciones prohibitivas, arriesgando sus vidas. Muchos han perdido familiares y colegas. Todos podrían morir en cualquier momento. Como han señalado muchos observadores, no hay lugar seguro en Gaza.
Atacar a los periodistas significa tratar de imponer silencio sobre la sangrienta guerra en curso. Desde el comienzo de las hostilidades, la Franja de Gaza ha estado vedada a los reporteros internacionales, salvo raras visitas encabezadas por las Fuerzas de defensa de Israel. Los periodistas presentes hoy en el territorio son reporteros de los medios de comunicación palestinos y de las pocas agencias de noticias y cadenas de televisión internacionales que tenían oficina en Gaza antes del 7 de octubre, así como periodistas independientes que están documentando los horrores y compartiéndolos en las redes sociales, todos ellos radicados en Gaza.
Son ellos quienes están relatando la tragedia en curso, a través de los vídeos, las imágenes, las noticias que consiguen, en medio de mil dificultades, transmitir al mundo exterior. Gracias a ellos vemos la destrucción, el colapso de la vida civil, el sacrificio de más de 100 médicos y trabajadores sanitarios, la lucha diaria por la supervivencia de dos millones de desplazados: la guerra contada desde el terreno.
La libertad de informar y de ser informado es la base de la justicia y la democracia, y es tanto más valiosa en contextos de guerra, cuando suelen prevalecer los relatos unilaterales, la propaganda y la censura.
Atacar a periodistas es un crimen de guerra.
El espectáculo de horror en Gaza – que ha provocado en gran medida declaraciones excepcionales incluso de autoridades a menudo demasiado neutrales como Naciones Unidas, y la convocatoria urgente de la Corte Internacional de Justicia a petición de Sudáfrica con una causa contra Israel por genocidio – cambia el marco de referencia. Bajo control israelí, la información independiente se declara ahora un crimen de facto, que debe prohibirse, pase lo que pase: igual que el tratamiento médico, incluso la anestesia para niños y mujeres que dan a luz, y las personas a las que se amputan miembros. Israel ha «normalizado» ahora este crimen como producto de una guerra que está borrando hasta los últimos vestigios de un derecho internacional que prevé el respeto del derecho a la vida de los pueblos y las personas frente al concepto de autonomía absoluta de decisión de los Estados como prioridad inviolable.
En representancia de los jueces en la sesión sobre La impunidad por el asesinato de periodistas:
Gill Boehringer (Australia)
Marina Forti (Italia)
Helen Jarvis (Australia-Camboya)
Kalpana Sharma (India)
Philippe Texier (Francia)
Marcela Turati (México)
