DESCARGA EL RESUMEN DE LA SENTENCIA EN ESPAÑOL Y FRANCES
DESCARGA LA SENTENCIA COMPLETA EN INGLES Y FRANCES
Durante cinco días, un Panel de siete Jueces procedentes del Reino Unido, Nueva Zelanda, España y Canadá se reunió para examinar una denuncia de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra Canadá por el trato dado a los pueblos indígenas de las Primeras Naciones, los inuit y los métis. Escuchamos testimonios sobre la separación forzada, los malos tratos físicos y la violación de niños y niñas de corta edad; sobre el confinamiento, el trabajo forzoso y las muertes por enfermedades agravadas por el abandono, los malos tratos, la desnutrición y el agotamiento; sobre desapariciones; sobre enterramientos en tumbas sin marcar; y sobre la esterilización forzada y coaccionada de mujeres. Escuchamos y leímos pruebas sobre el robo de tierras, agua y otros recursos; sobre el despojo y el desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales; sobre la separación de los niños de sus padres; y sobre el intento de destruir culturas enteras, formas de vida, lenguas y sistemas jurídicos.
Estos hechos ocurrieron, y en algunos casos siguen ocurriendo, en Canadá, un país que se presenta como modelo de defensa de los derechos humanos.
Escuchamos sobre las repercusiones en las personas, las familias y las comunidades indígenas, incluido el trauma intergeneracional, que trae consigo sus propias patologías — adicciones, abusos, violencia, suicidio, el círculo vicioso de las intervenciones de bienestar infantil, el exceso de vigilancia policial, el encarcelamiento excesivo y la alienación social y cultural —, las cuales continuarán mientras no se aborden las causas profundas.
Las audiencias fueron celebradas por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un tribunal de opinión pública que investiga y da a conocer graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Fundado en Bolonia (Italia) en 1979, el TPP ha celebrado más de 50 sesiones. Guiado por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Declaración de Argel) de 1976, el TPP actúa a petición de organizaciones representativas que no han obtenido justicia ante los tribunales nacionales. La sesión fue solicitada por el Native Women’s Shelter de Montreal.
El TPP no es el primero en examinar el legado del Sistema de Escuelas Residenciales para Indígenas (IRSS, por sus siglas en inglés) en Canadá. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá (TRC) concluyó en 2015 que el IRSS equivalía a un «genocidio cultural». Los pueblos indígenas celebraron esta conclusión como un paso importante para que Canadá afronte su legado de genocidio colonial y racismo, y hacia medidas que logren reparaciones reales. La National Inquiry for Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (NIMMIWG) concluyó asimismo, en su informe final de 2019, que la violencia contra las mujeres y niñas indígenas constituye un genocidio, una conclusión que el primer ministro Trudeau reconoció posteriormente. Diecinueve años antes de la TRC, en 1996, la histórica Royal Commission on Aboriginal Peoples (RCAP) reconoció la soberanía indígena y el despojo colonial de tierras, y pidió un cambio radical en la relación de Canadá con sus pueblos indígenas.
Aunque Canadá ha acogido favorablemente todos estos informes, concluimos que en esa relación ha cambiado muy poco en lo sustancial. Aun hoy, el número, los nombres y el paradero de los niños muertos o desaparecidos siguen siendo desconocidos, y muchos yacen bajo campos de labranza, bajo campos de golf o en descampados junto a las carreteras. Millones de registros que podrían ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos permanecen en manos del gobierno canadiense y de las iglesias, y la destrucción prevista de esos registros impedirá el acceso a los familiares y a sus descendientes. El apoyo del gobierno a las iniciativas indígenas —ya sea para localizar restos o para prestar servicios de bienestar infantil — se ofrece en los términos que fija Canadá, con una financiación insuficiente, arbitraria, tardía y poco fiable. Hoy en día continúa el despojo de las tierras y los recursos ancestrales indígenas, mientras que los niños que crecen en las reservas enferman por la falta de agua potable y de saneamiento. Sin un apoyo significativo del gobierno, muchas comunidades indígenas no pueden ofrecer vivienda digna, atención sanitaria ni otros servicios básicos, y mucho menos empleo. En tales circunstancias no puede haber sanación, verdad ni reconciliación. Desde que el IRSS terminó en 1996/97 se ha separado de sus padres indígenas a más niños (unos 165.000) que durante los 130 años de historia de las escuelas residenciales (unos 150.000).
Hoy, Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación, el Tribunal concluye que Canadá cometió los crímenes internacionales de genocidio (la destrucción deliberada de un grupo como tal) y de lesa humanidad, en particular el apartheid y la desaparición forzada. Estos crímenes continúan mientras no se aborden con un cambio real, y no meramente simbólico. Identificamos también violaciones de otros tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las convenciones contra la discriminación racial y de género. Describimos las formas en que Canadá ha eludido su responsabilidad por sus crímenes internacionales: votando en contra de la inclusión del «genocidio cultural» en la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948; no ratificando importantes tratados contra el apartheid y las desapariciones forzadas; y no incluyendo estos crímenes, ni formas de genocidio como el traslado forzoso de niños, en su legislación interna.
El gobierno canadiense — federal, provincial y territorial — debe retomar los llamamientos a la acción de la RCAP, la TRC y la NIMMIWG y comprometerse con una nueva relación que satisfaga las demandas indígenas de igualdad soberana.
Nuestras recomendaciones exigen que Canadá investigue a fondo, asista y apoye la recuperación y protección de los restos y los lugares de enterramiento de niños indígenas, con financiación suficiente y sostenida, apoyo técnico y logístico, y la divulgación y el pleno acceso a todos los registros documentales pertinentes, respetando la soberanía de los datos indígenas. Formulamos recomendaciones sobre las esterilizaciones forzadas y coaccionadas, entre ellas la formación del personal médico, la aplicación de sanciones a los responsables y la reparación de las víctimas. Pedimos actuar en relación con las mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas, los defensores de la tierra y la gobernanza indígena. El sistema de bienestar infantil debe financiarse para prevenir, y no para incentivar, la separación de los niños de sus familias. Instamos a Canadá a que ofrezca reparaciones por las violaciones de los derechos sobre la tierra y por el trauma intergeneracional, a que revitalice las lenguas indígenas, a que respete y reconozca los recursos, los ordenamientos jurídicos, las medicinas y los lugares sagrados indígenas, y a que financie y garantice un acceso equitativo a la vivienda, la atención sanitaria, la educación y otros servicios sociales en las reservas. Canadá debe atender la necesidad de una educación pública sobre su historia colonial y las perspectivas indígenas, así como de combatir el negacionismo. Pedimos a Canadá que modifique su legislación interna para cumplir plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e incorporar las perspectivas indígenas. Por último, formulamos recomendaciones a las iglesias sobre el acceso a los registros del IRSS, la reparación por las tierras robadas y el apoyo a la sanación, la revitalización de las lenguas y la lucha contra el negacionismo.
