Iniciar una sesión

El TPP recibe una solicitud de movimientos, asociaciones, individuos y colectividades para iniciar un procedimiento de investigación. En la carta dirigida a la presidencia del TPP y a la Secretaría general, las organizaciones solicitantes exponen sus preocupaciones y especifican cuáles son las cuestiones principales que debería abordar la sesión, si se han acudido a tribunales formales nacionales o internacionales y si persisten elementos de impunidad.

El Tribunal verifica la autonomía decisoria y operativa de los solicitantes con respecto a los actores políticos y económicos externos. Además, evalúa la fiabilidad de la solicitud y su conformidad con el mandato y las funciones previstas en su Estatuto. A continuación, el Tribunal formula una respuesta de aceptación o de no conformidad del caso y la comunica a las organizaciones solicitantes.

El Tribunal abre la fase de instrucción, durante la cual lleva a cabo investigaciones independientes sobre las cuestiones sobre las que debe emitir un juicio o un dictamen consultivo. Informa a las partes acusadas de la solicitud recibida, invitándolas a presentar su defensa.

Las entidades solicitantes se encargan de elaborar un escrito de acusación que se envía a la Secretaría general con al menos tres meses de antelación a la audiencia pública. La Secretaría general se encarga de convocar a los representantes del jurado que deberán comparecer en la sesión pública, cuya fecha y modalidades de realización se definen de acuerdo con las entidades solicitantes. A efectos de la sesión pública, las entidades solicitantes documentan los casos y seleccionan a los testigos según un programa acordado con la Secretaría general del TPP. Una vez celebrada la sesión, y tras examinar la documentación recopilada, los testimonios orales y los argumentos presentados por la defensa, el jurado del Tribunal emite su fallo o dictamen consultivo.

El proceso concluye con el envío de la sentencia y su presentación a las partes interesadas y a los organismos nacionales e internacionales competentes en las cuestiones examinadas por el Tribunal durante la sesión. Las entidades solicitantes utilizan la sentencia como instrumento de validación de los procesos jurídicos y políticos de reconocimiento de las instancias sometidas a la atención y al examen del Tribunal.