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A continuación, presentamos la declaración preliminar del panel de jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, 54ª sesión, reunido en Bruselas los días 5 y 6 de febrero de 2025 para decidir sobre la responsabilidad de altos funcionarios turcos por presuntos crímenes de agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en Rojava, noreste de Siria, desde 2018 hasta la fecha. El Tribunal se ha celebrado a petición de nueve organizaciones[1]. Los acusados fueron notificados pero no respondieron ni comparecieron.
En primer lugar, queremos rendir homenaje a la valentía del pueblo de Rojava, y expresar nuestra gratitud en particular a aquellos que han compartido sus experiencias con nosotros. Agradecemos al equipo de fiscales[2], testigos y organizaciones participantes la diligencia y el compromiso con los que han reunido y presentado una extraordinaria riqueza de pruebas para este Tribunal.
- Testimonio
Los testimonios escuchados dibujan un cuadro coherente y convincente de un castigo generalizado, omnipresente y sistemático contra un pueblo. ¿Sus delitos? Ser kurdo y crear una sociedad basada en los principios de igualdad, justicia y solidaridad. El objetivo del castigo es la erradicación de la identidad, la presencia y la cultura kurdas.
La población de Afrin se vio obligada a abandonar sus hogares cuando la ciudad fue ocupada por Turquía en 2018. La población kurda pasó de más del 90% al 25%, ya que sus casas fueron confiscadas y ofrecidas a árabes suníes y turcomanos (a menudo ellos mismos desplazados internos, tras las ofensivas del gobierno sirio). Se saquearon sistemáticamente las propiedades, se sustituyeron los escaparates y los letreros de las calles por nombres turcos, la moneda y el franqueo postal pasaron a ser turcos y el turco sustituyó al kurdo como lengua de enseñanza. Se confiscaron tierras y propiedades, se desmantelaron fábricas, se confiscó la industria olivarera y las aceitunas se reenvasaron y vendieron como turcas. Nos enteramos de que muchos desplazados de Afrin sufrieron múltiples desplazamientos: a Al-Shahba, hacinados en campos de tiendas de campaña sin acceso a asistencia sanitaria ni a artículos de primera necesidad, y con una escalada de violencia; a Al Tabqa, atravesando zonas de conflicto, tras otra oleada de operaciones militares. Nos enteramos de que unas 120.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares: un 40% niños, otro 40% mujeres, y muchos de los demás ancianos vulnerables. El total actual de desplazados se cifró en 300.000.
Algunos fueron a Tel Rifaat, donde en diciembre de 2019 fueron objeto de bombardeos en una zona totalmente civil, donde había niños jugando en un callejón cerca de una escuela. De las 10 personas muertas por los dos proyectiles disparados por la artillería turca, 8 eran niños, al igual que 9 de los heridos. Escuchamos el testimonio grabado de un padre de un hijo de 5 años que murió y cuyo hijo de 7 años resultó herido. Este fue uno de los muchos ataques indiscriminados contra civiles tras la ocupación de Afrin.
En la propia Afrin, oímos hablar de muchas detenciones, homicidios sumarios de activistas políticos y personal de respuesta a emergencias; desapariciones; de cómo la gente podía saber la hora por los gritos y llantos de los torturados, que comenzaban a las 9 de la mañana y se prolongaban hasta las 5 de la tarde. Un superviviente dijo: «Mi recuerdo de la detención es un dolor que sentiré el resto de mi vida». Nos hablaron de los secuestros, las agresiones sexuales y las violaciones de mujeres y niñas, las prisiones secretas convertidas en escuelas y edificios agrícolas y estaciones de tren, y la incapacidad de los supervivientes para hablar por miedo a ser detenidos y torturados, la falta de recursos efectivos en los tribunales controlados por las milicias.
Escuchamos pruebas de bombardeos de otros pueblos de NES en octubre de 2019, que provocaron desplazamientos forzosos de casi 140.000 personas más, y vimos pruebas -fotográficas, médicas y un análisis de laboratorio- del uso de fósforo blanco, cuyo uso contra civiles está prohibido, y el mismo patrón de ocupación, violencia, abusos contra los derechos humanos, confiscación de tierras y propiedades y reasentamiento por parte de otros grupos, para impedir el regreso de quienes se vieron obligados a salir. En algunas zonas se han producido más de 27 ataques del ejército turco o sus representantes, no en zonas militares, sino en campos y aldeas de agricultores. Los múltiples desplazamientos han dispersado a las familias, algunos de cuyos miembros han muerto y otros se desconoce su paradero.
Oímos cómo se han destruido infraestructuras civiles vitales, para hacer la vida imposible. Vimos pruebas fotográficas de repetidos bombardeos de plantas de gas y electricidad e instalaciones petrolíferas, lo que significa que no hay combustible para calentarse y cocinar, pero tampoco agua, ya que la mayor planta de agua no podía funcionar, dejando a un millón de personas -en pueblos, campos de refugiados, asentamientos informales, así como hospitales- sin agua corriente limpia, lo que provoca disentería y cólera, entre otros problemas de salud. La naturaleza de los bombardeos dejó claro que fueron deliberados, no accidentales. Hemos oído hablar de ataques contra instalaciones médicas que tratan a decenas de miles de pacientes en Kobani y Qamlişo, que, de nuevo, por su selectividad y repetición, son claramente deliberados; y de ataques contra el medio ambiente, mediante la tala ilegal de zonas forestales, a veces para asentamientos ilegales.
Los ataques contra las mujeres -el «feminicidio político» de las mujeres que desafían el patriarcado y trabajan por la igualdad de género, las brutales violaciones de mujeres kurdas por parte de la inteligencia turca en las cárceles secretas, se mostraron como un ataque directo al modelo de Rojava, aunque fuertemente resistido por las mujeres de Rojava. Por último, escuchamos pruebas de actos de borrado cultural e histórico, como el bombardeo y la profanación de los sitios arqueológicos e históricos de Afrin, incluido un sitio de 3.000 años de antigüedad declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ahora reutilizado como campo de entrenamiento militar, el bombardeo de Shemoka, una escuela intercultural experimental para niños desplazados, que causó la muerte de varios estudiantes; y el bombardeo de la imprenta Simav en Qamişli, en el que murieron 7 personas. Asesinaron a periodistas que grababan ataques turcos contra infraestructuras civiles, incluidos hospitales.
- Lo que nos dice el patrón
Los ataques de Turquía en territorio sirio, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, constituyen un crimen internacional de agresión. El patrón de ataques, bombardeos, ataques con drones y atrocidades contra civiles, los desplazamientos forzosos y la ingeniería demográfica a través de la sustitución de poblaciones, la destrucción de la energía y el daño a los suministros de agua, el daño ambiental, la destrucción del patrimonio cultural y las instituciones educativas, el uso de la violación, la tortura, la detención secreta, son acciones contrarias al derecho internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y son indicativos de genocidio. No nos corresponde a nosotros, como Tribunal de los Pueblos, y menos en este momento, pronunciarnos sobre los matices jurídicos. Sin embargo, podemos expresar nuestro horror e indignación por lo que hemos oído. Y podemos añadir que el patrón tiende a confirmar lo testimoniado, que el objetivo es expulsar al pueblo y la cultura kurdos. Las pruebas nos llevan a la conclusión de que todos los acusados son penalmente responsables: el presidente Recep Tayyip Erdogan; Hulusi Akar, ministro de Defensa de 2018 a 2023; Hakan Fidan, jefe de la inteligencia turca en el periodo y ahora ministro de Exteriores; Yaşar Güler, jefe del Estado Mayor durante el periodo y ahora ministro de Defensa; y el general Ümit Dündar.
- La justificación de Turquía y lo que representa Rojava
Turquía afirma que sus operaciones son de «autodefensa» contra los «terroristas y sus partidarios» en Rojava. Pero esta afirmación es manifiestamente infundada. La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (DAANES), formada en 2014 a partir del caos de la guerra civil siria, es un modelo de democracia directa, justicia, coexistencia étnica, igualdad de género y paz, fundado en principios de pluralismo e inclusividad. Y es un modelo de autogobierno autónomo, un modelo que el gobierno turco está empeñado en destruir. Las mujeres que trabajan por la paz son «terroristas» merecedoras de ejecución sumaria, según esta narrativa. Aunque las fuerzas armadas turcas llevan a cabo muchas operaciones militares en Siria, el gobierno turco también utiliza proxies: milicias a las que ha financiado y provisto de armas, y las pruebas indican que estas milicias son grupos alineados con el ISIS. Así pues, las pruebas apuntan, no a los kurdos de Rojava, cuyos combatientes lucharon contra ISIS/Daesh, sino al Estado turco y a sus altos ministros, como quienes dirigen el terror contra la población civil.
- La situación actual en Siria
Las pruebas se han centrado principalmente en el periodo comprendido entre 2018, cuando se ocupó Afrin, y finales de 2024, pero los últimos acontecimientos han hecho que el foco de atención se desplace hacia el presente y el futuro, a pesar de la continua agresión de Turquía contra Rojava. Es de vital importancia para el futuro de los kurdos que la nueva administración siria se comprometa positivamente con DAANES, reconociéndola como una parte autónoma autogobernada del territorio de Siria que no amenaza la integridad territorial de Siria, y que proteja y respete la vida, la cultura y la autonomía kurdas.
- Las obligaciones de la comunidad internacional
La comunidad internacional es consciente del continuo sufrimiento del pueblo kurdo y de los crímenes de los acusados, pero no ha tomado ninguna medida significativa. No hay reconocimiento estatal de DAANES ni posibilidad de reparación nacional o internacional. Es vital que la experiencia de los kurdos del norte y el este de Siria y los crímenes cometidos contra ellos sean debidamente reconocidos, que los responsables sean llevados ante la justicia, que DAANES sea reconocida internacionalmente como una administración autónoma auténticamente representativa y democrática, y que la comunidad internacional garantice inmediatamente el cese de los ataques de Turquía, directos e indirectos, contra el pueblo kurdo de Rojava, para evitar el completo desarrollo de un genocidio.
Los jueces del TPP:
Frances Webber, Presidente
Giacinto Bisogni
Domenico Gallo
José Elías Esteve Molto
Czarina Golda S. Musni
Gabrielle Lefèvre
Rashida Manjoo
[1] Committee for Justice and Law and the Department of Foreign Relations of the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria (DAANES), Research and Protection Centre for Women’s Rights, Human Rights Organizations in Al-Jazira and Afrin, MAF-DAD e.V (Association for Democracy and International Law), ELDH (European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights), IADL (International Association of Democratic Lawyers), KNK (Kurdistan National Congress), Kurdish Institute of Brussels y Free University of Brussels (VUB).
[2] Jan Fermon (Bélgica); Şerife Ceren Uysal (Turquía); Rengin Ergül (Kurdistan); Urko Aiartza Azurtza (País Vasco); Efstathios C. Efstathiou (Chipre); Socrates Tziazas (Chipre); Dr Anni Pues (Alemania); Barbara Spinelli (Italia); Declan Owens (Irlanda); Ezio Menzione (Italia); Heike Geisweid (Germania); Florian Bohsung (Germania). Para mayor infromación: https://rojavapeoplestribunal.org/prosecutors/