El 4 de julio de 1976, una gran asamblea de representantes de movimientos de liberación, exiliados de dictaduras (las del Brasil, Chile y Argentina estaban en su apogeo), juristas internacionales y economistas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en Argel, concebida como una adición necesaria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Cincuenta años después, en un mundo que ahora ha cambiado, no es momento para celebrar. La memoria aquí propuesta apunta al futuro y está formulada desde la perspectiva del Tribunal Permanente de los Pueblos, que buscó hacer operativa la Declaración a través de las historias concretas contadas por los muchos pueblos que solicitaron su intervención.
Una premisa que conecta el contexto original con la actualidad
La decisión de Lelio Basso de elegir Argel el 4 de julio fue una de las cuestiones y sugerencias sobre el futuro del derecho internacional que surgieron de las sesiones del Tribunal Russell II sobre las dictaduras latinoamericanas (Roma, Bruselas, Roma, 1974–1976), que habían hecho un diagnóstico preciso: el fin del colonialismo oficial y clásico, que marcó las últimas colonias portuguesas y la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, requirió un cambio radical en el concepto de los derechos de los pueblos y sus luchas por la autodeterminación, que no podía limitarse a recomendaciones y principios generales. Este cambio podría comenzar con una lectura combinada de dos realidades que ahora se han transformado en imaginarios inmutables de la política estatal.
El 4 de julio coincidió con el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, que se celebró como una democracia modelo para todo el mundo. Era importante invertir la memoria de este día, simbólica y políticamente, con claridad política y jurídica, recordando los orígenes de una sociedad fundada en profundas desigualdades raciales y caracterizada por prácticas discriminatorias tanto internas como internacionales a través del ejercicio del poder militar y económico. La guerra de Vietnam, que terminó con la derrota de la intervención militar estadounidense, y la consolidación de las dictaduras en América Latina – apoyadas política y militarmente por los Estados Unidos – representan una confirmación más de una interpretación del derecho internacional que se ha puesto una y otra vez al servicio de las potencias dominantes (según la misma lógica, a pesar de las evidentes diferencias entre los dos bloques opuestos en el escenario de la Guerra Fría).
La segunda realidad, estrechamente vinculada con la primera, era aún más radical. Los pueblos a los que la Declaración Universal de los Derechos Humanos había otorgado solemnemente derechos inviolables habían sido empujados rápidamente a los márgenes de la evolución del derecho internacional. En el nivel internacional y en los contextos nacionales más diversos, la legalidad formal reivindicada por los Estados prevalecía sobre la legitimidad de las luchas de los pueblos por la autodeterminación. Esto ocurría mientras nuevas formas de colonialismo económico y militar ya no requerían la ocupación territorial para ejercer su dominio.
Había otro desarrollo importante: las corporaciones multinacionales ignoraban cualquier restricción derivada del sistema internacional de los derechos humanos y se convertían en aliadas de cualquier estrategia destinada a expandir el mercado, en los ámbitos militar, económico y cultural. Ya en 1975, el Tribunal Russell II había documentado el papel desempeñado por las empresas multinacionales en el apoyo económico, político e incluso represivo a regímenes dictatoriales en países como Brasil y Chile, favorecido por la sustancial impunidad garantizada por el derecho internacional, que carecía de una instancia judicial competente e independiente capaz de reconocer la voz de los pueblos y garantizar la justicia. La única esperanza se depositaba entonces en la figura del legendario molinero que, frente a la arbitrariedad del poder absoluto, confiaba en la existencia de un juez independiente, como expresa el famoso dicho: “Todavía hay jueces en Berlín”.
La memoria del Tribunal Permanente de los Pueblos
Desde ese diagnóstico lúcido, la historia que ha transcurrido ha sido narrada por un organismo con recursos limitados pero con un compromiso constante: el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha hecho de la Declaración de Argel el fundamento de su misión institucional y operativa: constituirse en una tribuna pública y dar voz a quienes son víctimas de violaciones. La evidencia, más allá de toda duda razonable, de responsabilidades individuales, sistémicas y estructurales se determina según las reglas de un procedimiento de inspiración jurídica, que culmina en un juicio rigurosamente razonado, documentado y público. Si bien no imponen sanciones, las sentencias nombran y avergüenzan a los responsables y hacen justicia estableciendo la verdad de lo que sucede en la historia de los pueblos reales, que con demasiada frecuencia está envuelta en el silencio y la colusión de los poderes formales.
Incluso la lectura de los títulos de las sentencias publicadas en el sitio web del PPT (hoy en número de 57, que cubren medio siglo de luchas de los pueblos por sus derechos) revela la evolución problemática del derecho internacional y su incapacidad para garantizar los derechos de los pueblos. Si bien cambian los nombres, las funciones y las identidades públicas o privadas de quienes producen víctimas mediante crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones sistemáticas del derecho a la vida, la exclusión, negación y supresión de los sujetos legítimos de derechos fundamentales de la posibilidad de que estos sean reconocidos, ejercidos y reparados sigue siendo constante.
Aun cuando la Corte Penal Internacional comenzó a funcionar entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el silencio cómplice de los Estados y de los organismos internacionales siguió siendo parte de un sistema de impunidad que todos reconocían oficialmente como inaceptable e indicativo de incivilidad. Sin embargo, este sistema encontró su garante, de manera directa o indirecta, en los poderes del momento. No importa cuán sólida sea la evidencia de responsabilidad, incluso en los casos de los más graves crímenes internacionales.
Más allá de la documentación autorizada de sentencias que la historia nunca ha cuestionado, el camino del TPP coincide con la extraordinaria capacidad de los pueblos para afirmar su derecho y su dignidad a no aceptar jamás lo que sus represores deciden sobre su destino, a través de la continuidad de su resistencia y la creatividad de su resiliencia.
Tres sesiones merecen ser recordadas, aunque brevemente, por su particular relevancia.
En 1988, en vísperas de la caída del muro de Berlín, el PPT celebró una sesión sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Berlín Occidental, por iniciativa de movimientos europeos e internacionales. Si bien su misión institucional era promover la accesibilidad universal a los derechos fundamentales, sus prácticas produjeron e impusieron modelos de desarrollo que hicieron que los derechos humanos dependieran de la disponibilidad de recursos y criterios de sostenibilidad. Esto los redujo efectivamente a la aplicación de políticas económicas predeterminadas.
En 1992, en conmemoración del quinto centenario del llamado «descubrimiento» de América, una sesión autoconvocada destacó cómo se habían establecido los cimientos del derecho internacional en ese momento y cómo proporcionaron el mayor genocidio de la historia con nombres y justificaciones que lo transformaron en un acto de civilización y evangelización – un pecado original que ha resistido cualquier intento de redención.
En contraste con las prohibiciones históricas de la guerra que habían caracterizado al derecho internacional y constitucional en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la rehabilitación de la guerra en 2003 fue vista como un cruce de una frontera que negaba la civilización misma del derecho. Quienes están en el poder pueden, independientemente de cualquier evidencia, declarar que la destrucción de los definidos como «enemigos» es una operación legítima, si no obligatoria, en defensa de cualquier valor.
Los pasos que acaba de recordar y abordar el TPP en tiempo real a través de análisis, decisiones y recomendaciones concretas son claramente parte del camino que condujo a la situación legal actual. Sin embargo, una observación final sigue siendo central: un escenario que domina no sólo la realidad, sino también las imaginaciones contemporáneas, lo que nos obliga a cuestionar el futuro, donde solo las preguntas más difíciles son ciertas.
En estos últimos cincuenta años, el genocidio ha acompañado las historias de los pueblos, actuando como un común denominador oficialmente innominable de todos los crímenes que niegan el derecho a existir de grupos humanos considerados amenazas, enemigos u obstáculos a los modelos de vida impuestos por el poder dominante: desaparecidos en Argentina, las poblaciones indígenas de Guatemala, la memoria del pueblo armenio, Timor Oriental, Tamil Eelam y los pueblos indígenas de Canadá, para nombrar solo algunos de los muchos casos examinados por el TPP. Gaza hoy representa la síntesis más reciente y radical de esta historia, como lo demuestra el reciente informe sobre la «ejecución» de sus niños. Es una situación doblemente inhumana, tanto por la lucidez con que fue planeada y ejecutada, como por la perversión de la connivencia y alianza del sistema internacional de Estados y la ahora resignada impotencia de sus instrumentos de control.
El ongoing genocide es ahora una noticia diaria. El deseo abiertamente mostrado de hacer del genocidio un instrumento impune de la geopolítica terminaría convirtiéndolo en un hecho normalizado.
Hay cada vez más evidencias de crímenes que afectan a otros pueblos: el exterminio universal y altamente visible de los migrantes; el exterminio oculto y, por lo tanto, más fácil de ignorar de las víctimas registradas en las estadísticas de muertes evitables, principalmente niños, debido al hambre y la desigualdad; el exterminio de las poblaciones involucradas en conflictos alimentados por el mercado de armas, como en Sudán; el exterminio de las comunidades afectadas por las industrias extractivas en el Congo, una vez más con los niños entre las principales víctimas; y el exterminio de las minorías en sus diversas formas, étnicas y otras: los rohingya, los kurdos y las mujeres afganas.
Un tiempo de preguntas difíciles
La Declaración de Argel representó una época en que, más allá de todos los conflictos e intereses, la creencia subyacente era que constituciones como la italiana, así como las declaraciones y convenciones internacionales promovidas por las Naciones Unidas, eran imperfectas pero constituían proyectos abiertos de investigación y comparación. A pesar de las contradicciones y los contratiempos, estaban orientados en una dirección reconocible: la del progreso de los derechos.
Como recordó el escritor latinoamericano Eduardo Galeano, voz del realismo mágico y de la resistencia a las dictaduras, la historia no está hecha de utopías en el sentido de lo inalcanzable. Las utopías, por definición, son un horizonte hacia el cual caminar. El pueblo iba a ser sujeto de este viaje permanente. Sin ilusiones, pero sin renuncia. Un camino a compartir y repensar continuamente, igual a los desafíos de todos los tiempos.
La novedad más profunda relatada por el grupo de personas que se reconocieron a sí mismas en la Declaración puede resumirse, paradójicamente, por la naturaleza cada vez más regresiva de la evolución del derecho internacional y del derecho humanitario. De hecho, sus estructuras portantes se han fortalecido, como nos recuerda la existencia de los Tribunales Internacionales. Sin embargo, es igualmente evidente que el papel del derecho como referente ha disminuido progresivamente, no sólo en su implementación, sino también, más profundamente, en la imaginación y la autolegitimación de quienes están en el poder. La adopción de la guerra como un componente esencial de la diplomacia y una fuerza dominante en la economía es una de las expresiones más claras de esta transformación del poder político.
Como se mencionó anteriormente, Gaza resume el otro, aún más radical vaciamiento: el genocidio puede – de hecho, para muchos, debe – ser parte de la mirada incluso antes de las prácticas del poder. Y, no en el fondo, sino en el centro y de una manera absolutamente omnipresente, surge el hecho más evidente de este vaciamiento: los derechos universales de los seres humanos a la dignidad y la autodeterminación han decaído en la práctica, porque unos pocos se han apropiado violentamente de la legalidad económica y financiera, reconocer ni la responsabilidad ni el juicio. La desigualdad se ha convertido en una regla inviolable: es deplorada y declarada inaceptable, pero sigue siendo respetada.
Un recordatorio oportuno y necesario
Este no es el lugar para los análisis del futuro, sean más o menos confiables. La Declaración de Argel es un recordatorio aún más oportuno del derecho más fundamental de los pueblos: no ser objeto de la interpretación de su historia y, sobre todo, de su destino por parte de quienes creen que tienen derecho a controlarlo. Los análisis geopolíticos, bajo una variedad de nombres, sólo documentan la violencia intolerable e inhumana que gestiona la falta de rumbo, la ambigüedad y el caos como método de gobernanza, sacrificando sin piedad las vidas de pueblos reales con plena lucidez y mentira. La guerra en Ucrania es un escenario complementario al de Gaza, que demuestra el desgaste del derecho internacional, humanitario, político y económico. Los seres humanos son desechables, y sólo se ofrecen disculpas formales porque no hay nada más que se pueda hacer.
La respuesta más completa sobre el futuro fue dada por las multitudes que se identificaron con «Palestina libre» y la represión que siguió. Las manifestaciones masivas, que abarcaron la edad, el contexto y la cultura, fueron un llamado a la visibilidad y representación de todas aquellas personas que recurren a minorías concretas y simbólicas para afirmar su identidad y la especificidad de su existencia. Esto es principalmente un rechazo del crimen más antiguo y más profundo: el silencio.
Los pueblos no son una minoría en la historia. Su futuro, que es profundamente diferente de lo que a menudo se anuncia como inevitable, es posible gracias a algunos diagnósticos y pronósticos técnicos globales que han devuelto al centro un término aparentemente simple: justice. Esta palabra, a pesar de su aparente vaguedad, tiene implicancias concretas y precisas. Rechazar el chantaje de «es lo que es» y TINA (There Is No Alternative) es el primer paso fundamental para construir posibles alternativas.
El término «derechos de los pueblos», que era doctrinal, legal y políticamente provocativo, fue recordado por la Declaración de Argel como una traducción y un objetivo de las «buenas intenciones» del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que identificaba a los pueblos como sujetos de la historia. Trágicamente, su actualidad permanece intacta hoy frente a la inhumana regresión del derecho internacional.
La visibilidad de las vidas reales de los pueblos y su afirmación transparente de sus derechos, frente a los obstáculos que buscan negar su identidad como sujetos y la necesidad urgente de que se reconozcan sus derechos, siguen siendo los criterios permanentes de una memoria desencantada y del futuro.
Simona Fraudatario y Gianni Tognoni
El texto ha sido publicado en italiano por Volere La Luna el 3 de julio de 2026