O’nehsaronhkwà:ke Tekaianón:ni
Ne kí:ken ne Tehotiia’toréhtha nikentiohkó:ten, ne ne Permanent People’s Tribunal. Teionkwatonhontsó:ni taiethinonhwerá:ton ne akwé:kon ne Haudenosaunee, né:’e tsi ronónha raononhóntsa kén:’en, tsi nón:we ionkwatia’taró:ron ón:wa wenhniserá:te.
Ionkwaterahswi:io tsi kén: tho, Haudenonhsionní:ke, ionkwatia’teró:ron ón:wa wenhniserá:te. Tánon iotshennónnia’t tsi shé:kon ratíhsere ne Kaianerahserahkó:wa, ne: ne Kaianerehkó:wa. Teiethinonhweratónhseke tsi wahsonkwana’tón:hahse ne konnoronhkhwá:tshera, karihwakwenniénhsta, skén:nen, tánon kahsatsténhsera.
Kanihsténhsera kontinónhnha ne ionkhi’nihsténha ohóntsa, thó niionkwarihò:ten ne Haudenonhsión:ni.
Tánon kanihsténhsera tionkhiiá:wis tsi niionkwen’tarò:tens, iorihowá:nen thí:ken, né:’e tsi né: wáthró:ris tsi ní:tsi aionkwatsénhaien. Shé:kon tho ní:ioht ón:wa wenhniseraténion.
Ón:wa wenhniserá:te, entewehiá:rake tsi naiá:wen’ne, tsi nón:we ne Indian Residential school, Koráhne nonkwá:ti. Tsi nahotia’tawèn:’en ne é:so rá:ti Ratiksa’okòn:’a, ísi’ nón:we tsi iorihwákste tsi niiá:wen’ne.
Tiótkon eniethiianonhtónnionhwe ne á:se tenhatikonhsontón:tie rotirihwá:ke, aiá:wens tsi skenen’kó:wa akénhake ne ronónha raotirihwá:ke, tánon konnoronhkhwá:tshera enhatihá:wike. Thó nitewaia’tò:ten ne Haudenosaunee, tho ní:tsi tewanonhtón:nion, tánon akwé:kon né: ionkwaterihwaién:ni.
Ionkwaterihwaién:ni ne aké:kon aionkwaió’ten ne á:se tenhatikonhsontóntie raotirihwá:ke, ne skén:nen akénha tsi ionhontsá:te. Tho ká:ti naiohtónhake ne onkwa’nikòn:ra.
Por Katsi’tsá:kwas Gabriel
Traducción de Kahtehrón:ni
Traducción al español:
Los Jueces desean expresar su reconocimiento a los Haudenosaunee, cuyas tierras acogen la sesión del Tribunal.
Estas tierras son el origen de los pueblos Haudenosaunee, cuya constitución, la Gran Ley de la Paz, Kaianera’kó:wa, garantiza un camino hacia la paz basado en el amor, el respeto, la fuerza y el valor.
Según nuestra constitución, la Kaianera’kó:wa, la titularidad de las tierras corresponde a las mujeres. Pertenecemos a nuestros clanes por la línea hereditaria materna y nuestro sistema de gobierno está fundado en nuestros clanes.
Hoy honramos y recordamos a los niños que nunca regresaron a casa y que fueron víctimas de desapariciones forzadas en las Escuelas Residenciales Indígenas.
Y a los que sobrevivieron.
Según nuestra tradición Haudenosaunee, creemos que los rostros aún por nacer nos observan mientras les preparamos el camino para que puedan llegar a un lugar de amor, compasión, comprensión y seguridad, donde puedan ser amados y cuidados por lo que son, como Pueblos Onkwehonwe.
Nuestra función es proteger su llegada desde el plano espiritual y garantizar que el trabajo que realizamos contribuya a su supervivencia; que las decisiones que tomamos hoy beneficien a las generaciones futuras.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal de opinión internacional fundado en 1979 sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976). Desde entonces, ha desempeñado la función de foro independiente para garantizar la visibilidad, el testimonio y la justicia de los pueblos víctimas de graves formas de represión y de la negación de sus derechos fundamentales a la autodeterminación, la dignidad y la existencia colectiva, en particular en situaciones en las que no existían mecanismos institucionales competentes, accesibles o imparciales.
La variedad y frecuencia de los 56 casos examinados hasta la fecha ponen de manifiesto la persistente brecha entre las demandas de justicia de las poblaciones afectadas y la incapacidad del sistema jurídico y político actual para dar respuestas adecuadas.
Aunque opera en estricta conformidad con los principios del derecho internacional, el Tribunal sitúa a las víctimas y supervivientes de las violaciones de los derechos humanos en el centro de sus procedimientos, reconociéndolos no solo como testigos, sino también como sujetos y protagonistas principales del proceso. Para cada sesión, el TPP nombra un jurado internacional en función de la competencia, la experiencia y la imparcialidad.
La 57.ª sesión sobre los niños indígenas ausentes y desaparecidos y las tumbas no registradas en Canadá se convocó a petición del Native Women’s Shelter de Montreal, con el apoyo de diversas organizaciones, con el objetivo de que el Tribunal respondiera a la necesidad de verdad, visibilidad y rendición de cuentas respecto a los abusos cometidos contra los niños indígenas, sus familias y sus comunidades, y de que velara para que los Sobrevivientes y las poblaciones afectadas fueran finalmente escuchados y reconocidos.
El Jurado está compuesto por Frances Webber (Reino Unido) y Valmaine Toki (Nueva Zelanda), que han ejercido de copresidentas, junto con Carlos Beristain (España), Carlos Castresana (España), Katsi’tsakwas Ellen Gabriel (Canadá), Seánna Howard (Canadá-Estados Unidos) y Andrew Woolford (Canadá).
El equipo de la acusación estuvo compuesto por Christa Big Canoe, Sarah Glickman, Brianna Rowe (Aboriginal Legal Services) y Alisa Lombard (Lombard Law), quienes presentaron el Acta de acusación y las pruebas.
La sesión se desarrolló a lo largo de cuatro días de audiencias, según el programa público, en el daphne Art Centre de Montreal. Se invitó al estado de Canadá a asistir y a presentar su defensa frente a los cargos, pero el Tribunal no recibió ninguna respuesta. La información relativa a la vista se transmitió también a las instituciones internacionales competentes, algunas de las cuales manifestaron interés en seguir los trabajos y en recibir la presente Declaración.
Declaración de los Jueces
Nosotros, miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos, no estamos aquí para elaborar otro informe más, ya que se han elaborado muchos. Se nos ha pedido que demos respuesta a la acusación y que juzguemos la responsabilidad de Canadá, a la luz del derecho internacional, por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Durante la pasada semana hemos tenido el privilegio de conocer y entrar en contacto con la cultura de algunas comunidades indígenas de Canadá. Queremos expresar nuestra gratitud por la belleza y la sabiduría que se manifestaron en la ceremonia de apertura del fuego sagrado y en las ceremonias diarias de apertura y cierre, así como por la calidez, el apoyo, la hospitalidad y la amistad que nos han brindado. También queremos reconocer el valor y la dignidad de los Sobrevivientes que han dado su testimonio y la fuerza y la tenacidad de quienes, durante décadas, han luchado por el reconocimiento, la responsabilidad y la reparación.
Nuestro mandato consiste en examinar, a la luz del derecho internacional, los casos de niños indígenas ausentes y desaparecidos, las tumbas sin nombre y la esterilización forzada de mujeres indígenas.
Los testigos han hablado de la separación forzosa impuesta por el Estado de los niños indígenas de sus comunidades y familias, y de su traslado a escuelas residenciales gestionadas por el Estado y la Iglesia. Con frecuencia, y sin que los padres lo supieran o sin su consentimiento, los niños eran trasladados posteriormente a otras instituciones: reformatorios, “hospitales” para indígenas y centros de acogida.
Entre 4.000 y 6.000 niños perdieron la vida en estas instituciones o poco después de abandonarlas (algunos al intentar escapar), hasta 1997, cuando cerró la última escuela, la Kivalliq Hall de Rankin Inlet, en Nunavut. Se desconoce el paradero de muchos otros, y se sabe que algunos fueron adoptados.
Muchos testigos, entre ellos el doctor Scott Hamilton, han afirmado que estas cifras están probablemente muy por debajo de la realidad y que seguirán siendo provisionales e incompletas mientras no se investigue más. «No sabemos lo que no sabemos».
Los certificados de defunción disponibles para las muertes ocurridas en las escuelas indican que casi la mitad fueron causadas por tuberculosis. Los testigos relatan que los niños eran alimentados de manera insuficiente y estaban desnutridos, fueron sometidos a experimentos nutricionales y médicos, y a trabajos forzados. Vivían en condiciones de frío, insalubridad y hacinamiento que los hacían vulnerables a las enfermedades.
Como dijo una Sobreviviente: «A ellos no les importaba, esa era la cuestión» (Audrey Hill).
Uno de los relatos más desgarradores es el de una niña de cuatro años que padecía tuberculosis y que fue aislada en una tienda de campaña heladora en el patio del colegio, donde fue dejada sola para morir, con el argumento de que «de todos modos habría muerto». En numerosos casos, los padres eran informados con retraso o no eran informados en absoluto del fallecimiento de sus hijos. Parece que el mismo Estado que había financiado el traslado de aproximadamente 150.000 niños en tren, barco y avión a lo largo de cientos de kilómetros hasta las escuelas no asumía el coste de la devolución de los cuerpos a sus familias para su sepultura, impidiendo así que estas pudieran honrar en casa el espíritu y la memoria de sus hijos.
Los Sobrevivientes han contado que fueron sometidos a duras medidas disciplinarias y castigos, azotados con correas y sometidos a confinamiento, aislados por hablar su lengua o por ayudar a otros niños. Una testigo, Audrey Hill, contó que la habían encerrado en un armario oscuro durante días, sin comida ni agua.
Como explicó un testigo, «era un régimen autoritario ejercido sobre niños» (la Sobreviviente Robbie Hill).
Y, como sabemos, miles de niños fueron víctimas de agresiones sexuales por parte del clero y del personal de los centros. Oímos el testimonio en primera persona de Leo Nicholas, Sobreviviente, que dijo: «Me llamaron Leo el Mentiroso» después de denunciar ante un agente de policía el abuso sexual que había sufrido.
También escuchamos hablar de la esterilización forzada de mujeres indígenas autorizada por el Estado, y pudimos oír el testimonio de una mujer que, con 17 años, fue esterilizada durante el parto mientras estaba inmovilizada y en estado de ansiedad médica. Las testigos compartieron experiencias de racismo a manos de profesionales sanitarios que les dijeron que no eran aptas para ser madres y que no debían tener más hijos. Se presionó a estas mujeres y se les mintió sobre la irreversibilidad del procedimiento. Como subrayó la testigo Kahsenniyo Kick: «La maternidad es una responsabilidad sagrada».
El Tribunal no ha encontrado dificultad para aceptar que este conjunto de actos constituye un genocidio. En el derecho internacional, el genocidio no tiene por qué implicar matanzas masivas, sino que puede ser un proceso lento y continuado que se desarrolla a lo largo de siglos.
En Canadá, consideramos actos genocidas el traslado forzoso de niños de un grupo a otro, la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo, y la causación de daños físicos y mentales graves a los miembros del grupo, con la intención de destruir al grupo como tal.
La intención genocida que subyace a la separación forzosa de los niños era explícita: instituciones como los internados indígenas fueron una manifestación concreta de las políticas coloniales de Canadá expresadas en la Indian Act, que tenían como objetivo la eliminación de la identidad indígena e incluían la negación de la soberanía y la condición de nación de los grupos indígenas, la ocupación de sus tierras y la supresión de su ordenación jurídica, sus lenguas y culturas.
Las atrocidades infligidas a los cuerpos y a las mentes de los niños en las escuelas y de las jóvenes en los hospitales; los miles de muertes documentadas de niños en hospitales segregados, en las escuelas, en tumbas sin registrar y las cenizas de bebés en hornos: todo ello es la manifestación física de un colonialismo genocida que, por encima de todo codiciaba, explotaba y se apropiaba de las tierras, los territorios y los recursos de los indígenas.
Las pruebas exhibidas revelan el intento de destrucción sistemática de los lazos que entrelazan la tierra, el gobierno y las familias indígenas como genocidio, reconocido como tal por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá (Truth and Reconciliation Commission TRC), la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas (National Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls MMIWG), la Oficina del Interlocutor Especial Independiente para Niños Desaparecidos y Tumbas y Lugares de Entierro Sin Identificar Asociados con las Escuelas Residenciales Indígenas (OSI) y el propio Parlamento canadiense.
Tampoco es difícil aceptar que los crímenes contra los pueblos indígenas revelados por las pruebas — desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, esclavitud, persecución y otros actos y omisiones inhumanos, como la falta de condiciones de vida seguras y saludables aplicados sistemáticamente a niños, mujeres y familias indígenas — constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional consuetudinario.
«Destrozó a la familia de forma tan repentina», explicó el Sobreviviente George Diamond.
Violaciones continuadas
Todo esto ya se sabe. Ya se ha dicho antes.
Las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC), la Comisión sobre las Mujeres y las Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas (MMIWG), la Oficina del Interlocutor Especial (OSI) y el Vaticano, así como la resolución unánime del Parlamento, han reconocido el sistema de las escuelas residenciales como un genocidio. Sobre Canadá recae la responsabilidad jurídica, moral y política de sus actos y omisiones, que forman parte de una política sistemática de asimilación, despojo y destrucción dirigida contra los pueblos indígenas.
Sin embargo, la responsabilidad de Canadá por genocidio y crímenes contra la humanidad no solo es histórica, sino también contemporánea y continuada. La praxis colonial sigue siendo la base de la relación de Canadá con los pueblos indígenas. Este trauma y daño psicológico tienen una dimensión colectiva que afecta a sucesivas generaciones de niños, familias y comunidades. El estigma, la humillación cultural y la culpa han silenciado a los Sobrevivientes.
El Jurado escuchó a varios testigos que relataron los profundos daños causados a los niños, a los padres y a las comunidades por la separación forzosa, el desprecio y la destrucción de su lengua y su cultura, así como la brutalidad y los abusos sexuales por parte del clero y del personal escolar, que enseñaron a los niños a disociarse de sus emociones; cómo los niños castigados por ayudar a otros niños aprendieron a erradicar la bondad; cómo los niños maltratados se convirtieron en padres abusivos; cómo las víctimas de abusos sexuales, ya como padres, tenían miedo de mostrar afecto a sus hijos, y cómo la alteración de la identidad y el desarraigo cultural y familiar han provocado una epidemia de suicidios y otros problemas de salud mental.
Estos son los efectos persistentes del genocidio y los crímenes contra la humanidad. En el derecho internacional, la responsabilidad del Estado por las violaciones persiste hasta que cesan y se remedian. La reparación no se limita a poner fin a los actos genocidas y a los crímenes contra la humanidad; el cese de la violación es solo el primer paso.
La restitución implica devolver a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de que se produjera la violación; sin embargo, en el caso de una infancia robada, esto es imposible. La reparación implica compensar el daño y garantizar que no vuelva a ocurrir. Entre las obligaciones de reparación se incluyen las de llevar a cabo investigaciones para identificar y localizar los restos de todos los niños fallecidos, proteger los lugares de enterramiento, identificar y localizar a los niños ausentes que fueron adoptados clandestinamente, la localización y castigo de los autores de actos de crueldad y abuso sexual, así como al personal médico que obligó, coaccionó o engañó a las mujeres indígenas para esterilizarlas; implica también proveer toda la información, el acceso de las familias y las comunidades a los archivos y registros; y la devolución de las tierras robadas.
Impactantes como son las pruebas de las violaciones cometidas en el pasado, igual de impactante resulta la indiferencia de Canadá ante la exhibición actual de sus crímenes. A pesar de haber creado organismos como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Oficina del Interlocutor Especial, Canadá no les otorgó autoridad para obligar a los testigos a comparecer o a presentar documentos y ha limitado su financiación, impidiendo con ello llevar a cabo una investigación completa. Las conclusiones de estos organismos sobre el genocidio apenas han suscitado más que un encogimiento de hombros. Canadá ha ignorado la mayoría de los llamamientos a la acción o ha hecho lo justo para poder decir que está trabajando con las comunidades indígenas para avanzar en las medidas. Todos los Sobrevivientes, testigos y expertos coinciden en destacar la falta de compromiso genuino, de sentido de la urgencia e incluso de interés por parte de Canadá para remediar las violaciones.
Canadá no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales de investigar y castigar los crímenes desvelados por los Sobrevivientes y las familias que han perdido a sus hijos. Mientras los grupos de Sobrevivientes intentan identificar a las víctimas y localizar los lugares de enterramiento, el Gobierno retiene 27 millones de documentos y registros que contienen información relevante, mientras, con el argumento de la “confidencialidad” de los testimonios del Independent Assessment Process, no interviene para impedir su inminente destrucción, ni siquiera advierte de dicha destrucción inminente de manera que puedan conservarse los documentos en el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación.
Las víctimas — Supervivientes de abusos y familiares de niños desaparecidos —, que ya han soportado el indecible sufrimiento del intento de destrucción de su identidad, su familia, su cultura, sus tradiciones, sus estructuras de gobierno, su dignidad y su propia existencia, se han visto obligadas también a llevar el peso de investigar ellos mismos los crímenes de los que han sido víctimas. La falta de información y de investigación causa un grave perjuicio al bienestar psicológico y colectivo, obstaculiza los procesos de duelo y sanación, e impide la reconstrucción de una relación con el Estado canadiense, hacia el cual el Tribunal observa una profunda desconfianza.
El Gobierno se ha revelado como un colaborador renuente en el proceso de reconciliación, proporcionando escasa ayuda, más allá de una financiación esporádica y caprichosa que se utiliza como herramienta de control. La periodista de investigación Tanya Talaga demostró el enorme esfuerzo de tiempo y recursos que han resultado necesarios para determinar qué le sucedió a una sola víctima y su lugar de enterramiento. Scott Hamilton y Laura Arndt describieron la enorme cantidad de trabajo y recursos necesarios para identificar y documentar los lugares de enterramiento, tarea que se vuelve aún más ardua sin el acceso completo a los registros en poder del Gobierno y de la Iglesia. Para las familias y las comunidades es vital poder traer de vuelta a casa los espíritus de sus difuntos. Sin embargo, se niega el acceso a los registros y la financiación sostenible a largo plazo necesarios para este trabajo. Canadá ha hecho muy poco para proteger los lugares de enterramiento conocidos y para prevenir que se recalifiquen para uso privado.
Mientras tanto, en Canadá se siguen destruyendo vidas, estructuras comunitarias y familiares, la cultura y la identidad indígenas mediante la separación forzosa y continuada de los niños de sus padres, en muchos casos sin intentar buscarles un entorno de acogida culturalmente adecuado; y se sigue tolerando la esterilización de mujeres sin su consentimiento, al no aplicarse las leyes penales contra esas agresiones. Las actitudes coloniales persisten en la invasión continua de las tierras indígenas para llevar a cabo actividades extractivas que contaminan el territorio, lo vuelven inhabitable y causan enfermedades, así como en la falta de atención sanitaria adecuada y de agua potable para las comunidades indígenas. Para colmo de males, los defensores de las tierras indígenas son vigilados y procesados.
Impunidad, negacionismo y racismo
Los Sobrevivientes de abusos sexuales hablaron de castigos crueles por revelar los abusos padecidos por ellos, lo que Kimberly Murray consideró un aspecto de la «amnistía de los colonos», ya que no se enjuicia a los responsables. El intento de autoamnistía de Canadá al negociar la exclusión del «genocidio cultural» de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948; las omisiones deliberadas al transponer la Convención a su derecho interno; la falta de ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y la omisión del apartheid, las desapariciones forzadas, la separación forzosa de niños y la esterilización forzada en la legislación nacional, perpetúan y fomentan el negacionismo y el racismo contra los pueblos indígenas.
Los testigos nos han contado que la denegación por parte de Canadá de los recursos necesarios para investigar a fondo las tumbas no registradas ha alimentado el negacionismo y el escepticismo público en torno a la muerte de los niños en la medida en que no se exhumen los cuerpos. Los testigos explicaron que muchas familias no quieren exhumar a los niños, sino que prefieren seguir sus protocolos culturales y celebrar ceremonias.
Conclusión
En el patrón de acciones y omisiones del Estado se observa un desprecio continuo por las vidas indígenas, la negación de la soberanía indígena sobre sus datos, sus tierras y sus cuerpos, y otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Este patrón revela indicios claros de un genocidio continuado.
Este patrón de conducta sistemático evidencia que las autoridades canadienses han adoptado y sostenido una estrategia tendente a eludir la rendición de cuentas de acuerdo al derecho internacional, situando de esa forma a Canadá en un estado deliberado de desacato ante la comunidad internacional al incumplir sus obligaciones internacionales y dejar a los pueblos indígenas desprovistos de la protección a la que tienen derecho en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales de derechos humanos pertinentes.
Formulamos las siguientes solicitudes preliminares a Canadá:
- Aplicar las recomendaciones y los llamamientos a la acción de las sucesivas comisiones de investigación, desde la Royal Commission on Aboriginal Peoples de 1996 en adelante;
- Respetar la libre determinación de las naciones indígenas y sus ordenamientos jurídicos, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), y emprender con ellas un diálogo de nación a nación;
- Cumplir con sus obligaciones internacionales de investigar exhaustivamente los casos de niños desaparecidos para determinar su paradero;
- Prestar un apoyo pleno, de buena fe y sostenido a los pueblos indígenas, las familias, las comunidades y las naciones en sus esfuerzos por identificar y localizar a los niños desaparecidos y las tumbas sin registrar;
- Reconocer y abordar los impactos específicos que tienen en las mujeres las prácticas coloniales y la legislación, como la Indian Act, el sistema de las escuelas residenciales indígenas y la persistente esterilización forzada y coactiva de las mujeres indígenas;
- Garantizar que el apoyo actual y futuro a esta labor se base en los mandatos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y las desapariciones forzadas;
- Proporcionar financiación sostenible a largo plazo para las investigaciones y conmemoraciones dirigidas por los indígenas;
- Modificar la legislación nacional relativa al genocidio y los crímenes contra la humanidad para acomodarla al Estatuto de Roma;
- Condenar y combatir el negacionismo sobre los internados y el discurso de odio;
- Aplicar plenamente la Ley canadiense sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2021), y
- Desarrollar programas de educación pública dirigidos por los pueblos indígenas sobre el derecho y la cultura indígenas, así como sobre la historia colonial de Canadá y el genocidio.