El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se suma a las voces de indignación manifestadas por los eventos ocurridos en varias ciudades de Colombia en los últimos días. Los hechos denunciados por organizaciones sociales colombianas en defensa de los derechos humanos y mencionados por numerosas instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, nos preocupan desde un punto de vista humanitario y por la responsabilidad de las instituciones colombianas. Esta violencia contrasta fuertemente con las intenciones de paz proclamadas en los últimos años y manifestadas por el proceso de paz.
La represión ejercida por las fuerzas de policía colombiana, en particular el ESMAD, se tradujo en homicidios, detenciones arbitrarias y diferentes formas de abusos contra los participantes a manifestaciones en su mayoría pacíficas, sin ocultar la presencia de ciertos elementos perturbadores. Para la Presidencia y el Secretariado general del TPP, estos hechos son una muestra más de la actitud de intolerancia del Estado colombiano, hacia un sector significativo de la sociedad que lleva décadas pidiendo la paz con justicia social. No podemos dejar de considerar estos hechos como una continuidad en la represión, como lo demostraron los documentos y los testimonios presentados por numerosas organizaciones sociales y comunidades en la reciente sesión del TPP celebrada en Bucaramanga, Medellín y Bogotá del 25 al 27 de marzo recién pasados. Esta fue la 48° sesión del TPP y la tercera sesión celebrada en Colombia. En la larga historia de este tribunal internacional de opinión, fundado en 1979 en la continuidad de las experiencias de los Tribunales Russell en los años Sesenta y Setenta del siglo pasado, el examen de una situación por tercera vez es un hecho sin precedente, y muestra que la aspiración a la verdad, la justicia, la paz y la democracia sigue viva y legítima por el pueblo colombiano.
De acuerdo con lo dispuesto en su estatuto, el jurado internacional de esta sesión del Tribunal emitirá durante el próximo mes de junio de 2021 su sentencia sobre la base del acta de acusación y de las pruebas recibidas en marzo. La Presidencia y el Secretariado general solicitan expresamente las autoridades colombianas a que pongan fin a la violencia en el país, en todas sus formas, y que tomen las sanciones apropiadas contra los autores de estas violencias en la forma prevista por la legislación nacional. Pedimos a la comunidad internacional, en particular la ONU, la OEA y los Estados amigos del proceso de paz seguir ayudando al cumplimiento de estos acuerdos de paz .
