El asesinato de periodistas es una de las amenazas más graves para la libertad de prensa y el derecho a la información, pilares fundamentales de toda sociedad democrática. En muchas partes del mundo, los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación son atacados simplemente por hacer su trabajo: documentar conflictos armados, denunciar la corrupción, investigar el crimen organizado o dar voz a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Lo que hace que este fenómeno sea especialmente alarmante es el alto nivel de impunidad que lo rodea. En la mayoría de los casos, los autores intelectuales y materiales no son identificados o no rinden cuentas, lo que alimenta un clima de miedo, autocensura y desconfianza en las instituciones. Casos emblemáticos como el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul y el de la periodista rusa Anna Politkovskaya en Moscú en 2006 por su compromiso con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Chechenia demuestran que ni siquiera la notoriedad internacional de las víctimas garantiza la verdad y la plena justicia.
En vista de lo anterior, el 19 de septiembre se concluyó en La Haya la 51ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se había inaugurado en noviembre de 2021 a petición de la coalición Safer World for Truth – formada por Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists y Reporters Without Borders, con el apoyo del Syrian Centre for Press and Freedom of Expression, el Centre for Justice and Accountability y por numerosas y diversas asociaciones residentes en los tres estados acusados – y se dividió en audiencias temáticas dedicadas a los tres casos ejemplares de asesinato de los periodistas Miguel Ángel López Velasco (México), Lasantha Wickrematunge (Sri Lanka) y Nabil Walid Al-Sharbaji (Siria). Sobre la base de la rica y rigurosa documentación y los testimonios presentados públicamente, el Jurado del TPP emitió por unanimidad una Sentencia contra los Estados de México, Sri Lanka y Siria por ser culpables, por sus acciones y omisiones (falta de la debida investigación, falta de medidas de reparación para las víctimas, impunidad total), de todas las violaciones de los derechos humanos denunciadas en la acusación. La gravedad de la responsabilidad se acentúa además al ser los tres Estados firmantes del tratado multilateral que les obliga a respetar los derechos civiles y políticos fundamentales de todos los ciudadanos, que incluyen, entre otros, el derecho a la vida, la libertad de religión, de expresión, de reunión y el derecho al debido proceso.
Para el Tribunal, combatir la impunidad de los delitos contra los periodistas es una responsabilidad ineludible tanto de la comunidad internacional como de los Estados. Garantizar investigaciones independientes, juicios justos y mecanismos eficaces de protección para los profesionales de la información no solo sirve para proteger a quienes ejercen el derecho a informar, sino también para defender la democracia, el Estado de derecho y el derecho de los ciudadanos a recibir información libre, pluralista e independiente.
Organizaciones solicitantes:
- Safer World for Truth – formada por Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists y Reporters Without Borders
- Syrian Centre for Press and Freedom of Expression
- Centre for Justice and Accountability
Documentación:
- Acta de acusación: inglés
- Documentación Audiencia de apertura (La Haya 2 noviembre 2021): inglés
- Documentación Audiencia sobre el caso de Mexico: inglés
- Documentación Audiencia sobre el caso de Sri Lanka: inglés
- Documentación Audiencia sobre el caso de Siria: inglés
- Alegato final de la Fiscalía: inglés
- Texto completo de la Sentencia: español, inglés y árabe
- Resumen de la Sentencia: inglés
