Según el Centro para los Delitos Climáticos y la Justicia Climática (CCCCJ), 2026 ha sido otro año de destrucción sangrienta para los habitantes de Papúa Occidental. En el segundo aniversario de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la violencia estatal y medioambiental en Papúa Occidental, los informes y las noticias procedentes de la región siguen confirmando una situación crítica de violaciones de los derechos humanos, lo que subraya la relevancia de las recomendaciones del Tribunal.
La 53.ª sesión del Tribunal, celebrada en Londres del 27 al 29 de junio de 2024 a petición del Centro para los Delitos Climáticos y la Justicia Climática de la Universidad Queen Mary y de una red de organizaciones de derechos humanos y medioambientales, examinó varios casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno indonesio contra los pueblos indígenas de Papúa Occidental. Los Jueces concluyeron que las comunidades indígenas han sufrido graves expropiaciones, la pérdida de libertades fundamentales, una represión violenta y la devastación medioambiental como consecuencia de los proyectos de minería, extracción de gas y producción de aceite de palma respaldados por el Estado.
La crisis de los derechos humanos en Papúa Occidental sigue estando profundamente entrelazada con la destrucción medioambiental provocada por la minería a gran escala, la deforestación y la expansión de la agroindustria, que los testigos describieron como una forma de «genocidio lento». Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, siguen denunciando las restricciones violentas a la libertad de expresión y de reunión, el uso excesivo de la fuerza contra los pueblos indígenas que se oponen a los proyectos extractivos y la creciente impunidad del Estado, reforzada por la Ley n.º 5 de 2026, que amplió los poderes de la policía basándose en mecanismos internos de rendición de cuentas ineficaces. La crisis se ve agravada aún más por la violencia armada en curso y Human Rights Monitor ha documentado operaciones militares que han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales y graves maltratos contra la población civil.
Las recomendaciones formuladas por el TPP son más urgentes que nunca para romper el ciclo de violencia y poner fin a la cultura de la impunidad. Se insta al Gobierno de Indonesia a que cumpla con sus obligaciones internacionales, respetando el derecho a la autodeterminación del pueblo de Papúa Occidental, reconociendo y protegiendo las tierras indígenas, garantizando las salvaguardas medioambientales y preservando su identidad cultural y espiritual. El Tribunal instó asimismo al Estado indonesio a facilitar el retorno o el reasentamiento seguro, voluntario y digno de las personas desplazadas, a promover reformas legislativas y judiciales destinadas a establecer un sistema judicial imparcial, tipificar como delito las desapariciones forzadas, garantizar reparaciones para las víctimas y llevar a cabo investigaciones sobre las atrocidades históricas, con el fin de asegurar indemnizaciones y restituciones a las familias afectadas.
Finalmente, al señalar la responsabilidad de las empresas multinacionales implicadas en la explotación de los recursos naturales de la región y de los Estados en los que dichas empresas tienen su sede, el Tribunal subrayó la necesidad de garantizar el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental a lo largo de sus cadenas operativas y financieras. Asimismo, la comunidad internacional fue llamada a promover mecanismos eficaces de prevención, seguimiento y determinación de responsabilidades, con el fin de contrarrestar los mecanismos económicos y políticos que permiten la persistencia de la impunidad.
