La sentencia del TPP sobre la violencia estatal y medioambiental en Papúa Occidental se presentó en la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 1 de octubre (Descarga la sentencia aquí).
La solicitud, que dio lugar a las audiencias públicas celebradas en la Universidad Queen Mary de Londres del 27 al 29 de junio de 2024, fue realizada por el Centro para los Crímenes Climáticos y la Justicia Climática (CCCCJ) y una red de organizaciones y asociaciones internacionales e indonesias de derechos humanos y medioambientales.
La tarea emprendida por el Tribunal ha sido establecer la verdad sobre la represión en curso, pero también aclarar y reafirmar los derechos inalienables de los pueblos indígenas a la tierra y el medio ambiente. La documentación presentada a este Tribunal, y especialmente los testimonios escuchados en las audiencias públicas, pintaron un cuadro de un ataque devastador contra las vidas y los medios de subsistencia en la región. Papúa Occidental es un caso ejemplar de negación del derecho a la autodeterminación, un principio reconocido en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos que dio origen a este Tribunal en 1979.
El TPP fue llamado a pronunciarse sobre cuatro cargos contra el gobierno indonesio y actores extranjeros: acaparamiento de tierras (a), represión violenta y violación de los derechos humanos (b), degradación medioambiental (c) y connivencia entre el Estado indonesio y empresas nacionales y extranjeras (d). La sentencia, que consta de ocho secciones -entre ellas: procedimientos adoptados, respuestas a las alegaciones, deliberación y recomendaciones-, puede resumirse en los siguientes puntos:
- Las comunidades indígenas han sufrido un doloroso despojo y se han visto privadas de libertades básicas, como la libertad de circulación, y privadas también de derechos económicos.
- El sistema de consulta previa a los pueblos afectados, y la obtención y verificación de su consentimiento informado ha sido, desde el controvertido referéndum de anexión de 1969, manipulado por el Estado indonesio para conseguir sus propios fines, y no garantiza ningún respeto a la especial relación, económica pero también espiritual, entre los pueblos de Papúa Occidental y su entorno.
- Se presentaron al Tribunal casos muy graves y datos concretos de violaciones de los derechos humanos. Las comunidades indígenas de Papúa Occidental viven, según un testigo, «a la sombra del miedo». Esta condición se ha construido a lo largo del tiempo gracias a los crímenes del Estado y a la concesión de impunidad a los autores de estos crímenes.
- Los efectos sobre la tierra, el agua y los bosques son graves y están causados por la minería y la agricultura, la extracción y licuefacción de gas natural, la deforestación deliberada para plantaciones de aceite de palma y los recientes proyectos agroindustriales.
- El Tribunal considera que la degradación ecológica no puede separarse de los proyectos estatales y empresariales que tienden a la aniquilación de un pueblo, o lo que ha sido denominado por más de un testigo como un «genocidio lento».
- El Tribunal destaca la implicación del nexo militar estatal-corporativo que caracteriza la actividad industrial en la región. Se trata de un régimen de terror, militarización, impunidad legal, irregularidades y restricciones a la conducta humana y a los medios de vida, así como al intercambio de pensamiento e información.
- En particular, el Ejército Nacional Indonesio se ha convertido en un instrumento de protección de los intereses estatales y empresariales, de una forma que implica la represión contra quienes se oponen o denuncian abusos ampliamente documentados. Según un testigo, «no podían tomar nuestras tierras, así que tuvieron que crear un conflicto».
- Las corporaciones nombradas en la acusación – incluidas Freeport McMoRan, British Petroleum y sus socios, y once corporaciones de aceite de palma – están directamente implicadas en la violencia perpetrada contra las comunidades indígenas. El Tribunal también ha tenido conocimiento de que Estados occidentales participan en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad indonesias, responsables de abusos contra los derechos humanos. Por lo tanto, el Tribunal considera que no sólo el Estado indonesio, sino también los Estados en los que tienen su sede estas empresas, deben estar sujetos al escrutinio internacional.
Los jueces del TPP hicieron extensas recomendaciones al gobierno indonesio (sobre: tierras ancestrales, medio ambiente y papúes indígenas; desplazados internos; justicia y Estado de derecho; acceso a la ONU y asistencia humanitaria), al sector privado, a los países de la región, a la comunidad internacional y a los actores privados, así como a las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil.
El Tribunal considera indiscutible que la situación es muy urgente. Durante seis décadas, la mentalidad del neocolonialismo, junto con sus prácticas concretas, ha provocado un grave deterioro de la vida de los papúes occidentales que se ha agravado en los últimos años. Por lo tanto, la comunidad internacional está llamada a escuchar sus demandas de larga data. En particular, este Tribunal considera imperativo que se lleve a cabo lo antes posible una amplia investigación de la ONU, con un mandato amplio, para evaluar las violaciones pasadas y presentes cometidas contra las comunidades indígenas de Papúa Occidental, así como las posibles formas de rendición de cuentas y reparación.