El Tribunal Permanente de los Pueblos dedica una sesión a Filipinas y al pueblo Bangsa-Moro en Amberes, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 1980, a solicitud de organizaciones representativas de ambos pueblos. La sesión examina las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos cometidas por el régimen de Ferdinand Marcos, así como el papel de las potencias extranjeras, las empresas multinacionales y las instituciones financieras internacionales, analizando la relación entre autoritarismo, dependencia económica e injerencias externas.
En su sentencia, el Tribunal reconoce que la situación de Filipinas constituye una forma de neocolonialismo que menoscaba el derecho de los pueblos a la libre determinación. Afirma la responsabilidad del régimen de Ferdinand Marcos y de los Estados Unidos en el mantenimiento de ese sistema, señala el papel de las empresas multinacionales y de las instituciones financieras internacionales en la explotación económica del país e insta a la comunidad internacional a adoptar medidas destinadas a poner fin a las violaciones constatadas y a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos afectados.
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