A petición de numerosas organizaciones de refugiados, el Tribunal Permanente de los Pueblos convocó una sesión pública en Berlín del 8 al 12 de diciembre de 1994 para pronunciarse sobre la política de refugiados y el derecho de asilo en los Estados de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Las principales preocupaciones de las organizaciones solicitantes se referían al incumplimiento de las obligaciones de la Convención de Ginebra mediante la introducción de normativas destinadas a obstaculizar el acceso a los territorios y a reducir las admisiones, como los Acuerdos de Schengen y de Dublín, así como a la exportación de armas a regímenes opresivos y a la promoción de una política de asilo restrictiva y xenófoba.
Sobre la base de los testimonios y la documentación recopilada, el Tribunal ha declarado a los Estados miembros responsables de violaciones sistemáticas de los derechos de los solicitantes de asilo y ha reconocido a las víctimas el derecho a una indemnización. Las recomendaciones formuladas por el Tribunal se refieren al abandono de las normativas restrictivas en favor de procedimientos rigurosos, justos y transparentes, con garantías de asistencia jurídica, derecho de recurso y acceso universal al territorio europeo. El Tribunal exige, además, la ampliación del concepto de refugiado para incluir la persecución por motivos de género, las guerras civiles y la huida de la pobreza absoluta, así como la prohibición de la detención en campos de acogida o zonas de extraterritorialidad, la abolición del principio del «tercer país» y de la obligación de visado, y la garantía de los derechos sociales básicos, como la vivienda, la educación, la unidad familiar y el acceso al trabajo durante toda la duración del procedimiento.
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