El título de esta nota es el mismo que el TPP decidió utilizar como símbolo y resumen del dictamen presentado públicamente en noviembre de 2014, al final de un largo proceso de investigación y documentación dedicado al tema “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México (2011-2014)”.
La desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Iguala coincidió con las últimas horas del trabajo del TPP. Cuando ocurrieron los hechos, ya era evidente la connivencia y participación directa de las autoridades. Según el Tribunal: «…en este reino de impunidad que es hoy México, hay crímenes sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una constante abdicación de responsabilidades, en la que pareciera que las miles y miles de masacres y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes de los que el Estado es responsable».
En estos días, después de nueve años, la prensa internacional informa que el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluirá sus trabajos en julio próximo y que la investigación, aunque con avances, se encuentra en un impasse que podría ser definitivo, debido a la permanente negación del Ejército y la Marina a entregar documentos esenciales para la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos, así como la responsabilidad de lo ocurrido con los ’43 de Ayotzinapa’. A pesar de los numerosos avances realizados en los últimos años y de la voluntad expresada por el actual presidente (que representa un cambio político histórico respecto al gobierno de Peña Nieto, directamente implicado en los hechos) de esclarecerlo todo, la «sombra» sigue siendo protagonista.
Los análisis y comentarios de la prensa fueron muy importantes. Pero el papel del TPP es resaltar la gravedad de un escenario más de impunidad. Ayotzinapa se ha convertido en un indicador urgente, pero no nuevo, de la búsqueda de una democracia innovadora basada sobre los derechos humanos.
La transformación de la impunidad requiere un cambio institucional bajo la bandera de la transparencia, la cooperación y el compromiso sin reservas en las investigaciones, y una respuesta honesta a las demandas de los familiares.
Ayotiznapa es un reto abierto para México. Un reto muy grande, pero muy necesario. Ojalá que su resolución conforme a las recomendaciones del GIEI pueda ser un fuerte indicador de la congruencia de AMLO, que se ha declarado independiente de poderes que no representen la voluntad directa de quienes lo eligieron. En este sentido, una opción de transparencia que reconozca la prioridad inalienable de los derechos humanos sería también de ayuda y memoria para tantos casos ejemplares en los países del Nortecercano (Guantánamo es un viejo ejemplo), y para las muchas realidades nacionales y regionales que enfrentan desafíos similares.
