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El Tribunal Permanente de los Pueblos solicita a la Unión Europea a suspender los llamados «acuerdos de cooperación» con los países del Magreb, ya que dichos acuerdos violan, con su apoyo y su complicidad, los derechos de los migrantes.
Las políticas de la UE y de sus Estados miembros en materia de control de las fronteras exteriores y de criminalización de las migraciones se inscriben en un contexto de retroceso general de los derechos humanos. La criminalización de los activistas y de las organizaciones que contribuyen a salvar vidas humanas en el Mediterráneo, como denuncia el TPP, aumenta el número de muertes.
La iniciativa de Bruselas, dedicada a la presentación de la sentencia emitida por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) al término de su 56ª sesión, centrada en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de los Estados del Magreb, de la Unión Europea y de algunos de sus Estados miembros (Palermo, Festival Sabir, 23-25 de octubre de 2025), ha sido organizada tras la primera presentación celebrada en Rabat el pasado 31 de marzo (vídeo del evento). Si en Rabat la atención se centró principalmente en un análisis público en profundidad de la situación en el Magreb, el encuentro de Bruselas pone el acento en el papel y las responsabilidades de la Unión Europea.
Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, en hacer referencia a la importancia de la sesión de Palermo, ha afirmado: «El acta de acusación presentada por numerosas organizaciones, que ha dado lugar a esta sentencia, debe considerarse como el primer paso y la herramienta para impulsar iniciativas que involucren ampliamente a la opinión pública, que permitirán derribar las barreras del silencio, del odio y de la marginación que rodean la migración y contribuyen a perpetuar los vacíos jurídicos y la hostilidad hacia las personas migrantes».
Los jueces han presentado los principales temas que aborda la sentencia, confirmando «la existencia de un continuo de violencias perpetradas contra los migrantes en Tunisia, Libya, Marruecos, Mauritania y en el Mar Mediterráneo». Estas violencias se ven reforzadas por la criminalización llevada a cabo por diversos Estados miembros de la Unión Europea contra las personas y las organizaciones que prestan ayuda a los migrantes, definida como una criminalización sistemática de la solidaridad.
El Tribunal ha declarado además que «existe en el Magreb un fenómeno similar al europeo, donde el rechazo generalizado de la inmigración, arraigado en un contexto histórico racista y en una retórica dominante basada en la identidad, coexiste con una necesidad económica de inmigrantes».
Amzat Boukari-Yabara, integrante del jurado, doctor en Historia y Civilizaciones africanas, ha subrayado que el Tribunal ha podido constatar que las violaciones de los derechos de los migrantes están sostenidas ideológicamente por la dimensión sistémica del racismo que atraviesa todas las sociedades norteafricanas, pero también por las declaraciones de las autoridades, como la del presidente tunecino Kais Saied en 2023, quien expresó el temor de ver a su país perder su identidad frente a la afluencia de migrantes.
Chadia Arab, integrante del jurado del Tribunal, geógrafa y directora de investigación en el CNRS, así como experta en migraciones internacionales, ha destacado que, en materia de detenciones arbitrarias, tortura y tratos inhumanos o degradantes, los actos cometidos contra los migrantes constituyen una violación evidente de la Convención contra la Tortura, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de otras disposiciones de carácter internacional.
Luca Masera, integrante del jurado y profesor de derecho penal en la Università di Brescia, ha destacado el carácter sistémico de tales violaciones, que «no derivan de iniciativas esporádicas de individuos aislados, sino de una visión de los fenómenos migratorios que considera la violencia y la represión contra los migrantes como elementos centrales de las políticas públicas».
Tras recordar las diversas disposiciones legales que protegen los derechos inalienables de los migrantes, Wahid Ferchichi, integrante del panel y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez, ha precisado que la sentencia califica como «delitos graves contra normas imperativas del derecho internacional (jus cogens)» las violaciones cometidas contra los migrantes negros procedentes de los Estados del África subsahariana, tales como la denegación de asistencia, los naufragios intencionales, las detenciones arbitrarias, las discriminaciones raciales, la tortura, la externalización de las fronteras y las violaciones de los derechos de los niños migrantes.
La sentencia del Tribunal ha reconocido la constante complicidad de la Unión Europea y de muchos de sus Estados miembros en la violación de los derechos de los migrantes. La sentencia está además vinculada a la primera sesión dedicada a la violación de los derechos de los migrantes y refugiados, celebrada entre 2017 y 2020 , durante la cual surgieron pruebas contra la Unión Europea y sus Estados miembros por las violaciones de los derechos humanos documentadas y por la falta de auxilio en el Mar Mediterráneo central y oriental, lo que ha provocado cientos de muertes en el mar.
El panel de jueces ha expresado además su profunda preocupación por las disposiciones adoptadas por el Parlamento Europeo a finales del pasado marzo, que permitirían la creación de centros de detención para migrantes en países terceros.»Es importante recordar que las políticas de la UE y de sus Estados miembros en materia de control de las fronteras exteriores y de criminalización de la migración se inscriben en un contexto de retroceso general de los derechos humanos, de desarrollo de mecanismos de vigilancia y control de las poblaciones, de discursos securitarios y/o belicistas, de pérdida de legitimidad del Estado, y de un ascenso más que preocupante de las corrientes xenófobas y de extrema derecha en toda Europa», ha precisado el juez del Tribunal Braulio Moro, doctor en economía y periodista. El juez ha subrayado las responsabilidades de la UE en la construcción de lo que se denomina la «fortaleza Europa», teniendo en cuenta que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo entrará plenamente en vigor el próximo junio.
Sobre la base de los testimonios escuchados durante las audiencias, la documentación aportada y las intervenciones de los expertos, la sentencia del Tribunal concluye que «los hechos juzgados por este Tribunal constituyen graves violaciones por parte de los Estados de normas imperativas del derecho internacional y un crimen contra la humanidad, conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional».
En lo que respecta a la Unión Europea, cuya implicación en los crímenes contra los migrantes ha sido establecida, el Tribunal solicita la suspención de los llamados «acuerdos de cooperación» con los países de la región del Magreb, ya que lesionan de forma irreparable los derechos fundamentales de los migrantes y constituyen los crímenes constatados por la sentencia, así como la suspención del «Memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica y global entre la Unión Europea y Túnez», firmado en 2023 entre Ursula von der Leyen y Kais Saied, con la intermediación de Giorgia Meloni, ya que vulnera de manera irreparable los derechos fundamentales de los migrantes.
El Tribunal insta además a la Unión Europea a ajustarse al derecho internacional, a armonizar con él las legislaciones nacionales y a actuar con firmeza para poner fin a la impunidad de individuos, grupos y Estados implicados en el tráfico ilícito de migrantes que desemboca en la esclavitud y en otras violaciones de sus derechos.
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