Los países del Magreb son responsables de crímenes contra la humanidad por el trato que dan a los migrantes
La Unión Europea es corresponsable debido a la ayuda financiera que presta a esos Estados y a su política constante de externalización de las fronteras
Comunicado de prensa in Italiano, inglés, arabe, franés y esp
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Rabat, 31 de marzo 2026
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)[1], reunido en Palermo (Italia) del 23 al 25 de octubre de 2025 durante el Festival Sabir, organizado por Arci, examinó las pruebas presentadas por personas procedentes de distintos países africanos, víctimas de violaciones de sus derechos que pueden calificarse de crímenes contra la humanidad, en el sentido del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez son responsables de innumerables y repetidas violaciones de los derechos humanos de los migrantes, en particular de los procedentes de la región del sur del Sáhara, según ha constatado el Panel de Jueces de la 56ª sesión del TPP[2].
El Tribunal “constata la existencia de una criminalización sistemática de la solidaridad, basada en motivos raciales y políticos, y reforzada por las políticas de externalización de las fronteras de la Unión Europea, en particular contra los miembros de la sociedad civil”, subraya la Sentencia presentada hoy.
Los jueces recuerdan que la política de discriminación hacia las poblaciones negras de origen subsahariano se inscribe en la larga historia de persecución en el norte de África. En la actualidad, el rechazo y la persecución de estas poblaciones se basan en un discurso xenófobo y populista. “En el Magreb existe un fenómeno análogo al de Europa, en el que coexisten un rechazo generalizado a la inmigración, vinculado a un trasfondo histórico racista y a la retórica identitaria dominante, y una necesidad económica de inmigrantes”, declaró Sophie Bessis, Presidenta del jurado.
Christian Agbor, ciudadano nigeriano que fue detenido y torturado en Libia, ha dicho que, al llegar a Italia, lejos de recibir protección, fue detenido y encarcelado durante cuatro meses, acusado falsamente de tráfico de migrantes por haber accionado la baliza de socorro. Dijo: “Al bajar del barco, lo primero que conocí en Italia fue la cárcel. Me pregunté si era culpa mía haber nacido negro”.
El testimonio de un activista social comprometido desde 2011, que ha visitado numerosos centros de detención en Libia, en particular los de Ganfouda (Bengasi), Enzara, Zaouïa, así como centros para mujeres y menores en Trípoli, ha descrito un sistema de detención controlado en gran medida por milicias, en ocasiones vinculadas oficialmente al Ministerio del Interior, y que cuenta con el apoyo material y financiero de la Unión Europea. Los testimonios y documentos confirman la existencia de prácticas de esclavitud, servidumbre, explotación sexual y trabajo forzoso, en particular contra personas procedentes del África subsahariana, Bangladesh y Siria.
El Tribunal precisa que “la Unión Europea, a través de acuerdos celebrados desde 2016 con Estados de tránsito como Turquía, Libia, Egipto y Túnez, ha externalizado el control migratorio a regímenes autoritarios, lo que ha dado lugar a la militarización de las fronteras y a la delegación de la violencia a actores implicados en la trata de personas”.
Rose, otra testigo que participó en las audiencias públicas, describió así su venta a las milicias libias: “Nos encadenaron, nos vendaron los ojos y nos vendieron. Decían: o pagas, o te vendes, o mueres”.
El endurecimiento de la postura europea en las políticas de las sucesivas Comisiones se ha traducido esencialmente en la transformación del capítulo migratorio, que ha pasado de ser un tema prioritario y vinculante del derecho internacional humanitario a un tema general de seguridad.
Las diversas pruebas recabadas por el jurado son representativas de la cadena continua de violaciones que sufren los migrantes, entre otras: omisión del deber de socorro en el mar y ataques contra las operaciones de rescate; devoluciones, abandonos en el desierto y violencia racial en Túnez y el Magreb; criminalización de las organizaciones de la sociedad civil en Túnez; represión de los denunciantes y sindicalistas en Argelia; discriminaciones sistémicas y criminalización de la solidaridad; represión transnacional de la solidaridad; omisión del deber de socorro y naufragios intencionados; detenciones arbitrarias, tortura y tratos inhumanos o degradantes.
“Túnez, Libia, Argelia, Marruecos y Mauritania, en coordinación con Estados europeos como Italia, España, Grecia y Malta, son responsables de la negativa o el retraso en la intervención ante naufragios en el Mediterráneo central y oriental, y en el Atlántico, así como del abandono deliberado de personas en peligro”, señala el Tribunal.
En cuanto a la responsabilidad de la Unión Europea, el Tribunal recuerda que “las políticas de la UE y de sus Estados miembros en materia de control de las fronteras exteriores y de criminalización de la migración se inscriben en un contexto de retroceso general de los derechos humanos, de desarrollo de mecanismos de vigilancia y control de la población, de discursos securitarios y/o belicistas, de pérdida de legitimidad del Estado, de un auge más que preocupante de las corrientes xenófobas y de extrema derecha en toda Europa, mientras Bruselas promueve una política comercial agresiva para asegurarse los recursos naturales del continente africano”.
Zakaria Benlahrech, abogado de derechos humanos y fiscal de la sesión, subrayó que esta criminalización traspasa las fronteras nacionales y se inscribe en una lógica regional, respaldada por la Unión Europea: “Ya no es la migración lo que se criminaliza, sino la solidaridad”.
“Rescatar en el mar, alojar o alimentar a migrantes, documentar expulsiones o actos de violencia: todo ello se equipara a actos delictivos, a menudo al amparo de legislaciones antiterroristas o de seguridad. Esta represión crea un clima de miedo generalizado, lo que provoca la autocensura de los periodistas, la retirada de las ONG y el debilitamiento de los mecanismos de protección”.
En sus conclusiones, el Tribunal destaca el carácter sistémico de las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de los Estados del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez), así como de Libia y Mauritania, en el marco de su política de represión de los flujos migratorios. Sin embargo, el carácter sistémico de las violaciones no impide, según este Tribunal, imputar dichas violaciones a responsables concretos, ya sean Estados o individuos. En otras palabras, el hecho indiscutible de que las violaciones en cuestión sean sistemáticas y sistémicas no debe servir de pretexto para impedir el establecimiento de cualquier responsabilidad.
“En relación con los delitos cometidos contra los migrantes, el derecho internacional y las legislaciones nacionales constituyen un conjunto sólido de textos que protegen los derechos de los migrantes, desde el derecho de no devolución hasta el reconocimiento constitucional (en muchos de los países afectados) del derecho de asilo. El problema es que los derechos reconocidos en teoría se violan a diario en la práctica, y la decisión de este Tribunal tiene por objeto contribuir al desarrollo de un litigio estratégico que —con el apoyo esencial de las organizaciones que solicitaron esta sesión[3], así como de muchas otras activas en el ámbito de la defensa de los derechos de los migrantes— permita hacer justicia a las víctimas”.
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[1] El Tribunal Permanente de los Pueblos, cuya sentencia se propone, es un organismo independiente creado en 1979 y cuya carta fundacional es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada en Argel el 4 de julio de 1976. Ha desarrollado su labor mediante la realización de 56 sesiones públicas (lista disponible en línea).
[2] Sophie Bessis (Túnez-Francia), Presidenta del jurado, Chadia Arab (Francia – Marruecos), Amzat Boukari-Yabara (Benin-Francia), Wahid Ferchichi (Túnez), Luca Masera (Italia), Braulio Moro (Francia – México).
[3] 54 organizaciones representadas por el Foro Social Magrebí, el Foro Tunecino de los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y el Foro de Alternativas Marroquí (FMAS)
