Las políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros en materia de control de las fronteras exteriores y de criminalización de la migración forman parte de un contexto más amplio de progresivo retroceso de la protección de los derechos humanos. La criminalización de las personas migrantes y de las organizaciones que trabajan para salvar vidas en el Mediterráneo contribuye a aumentar el número de fallecidos, tal y como denunció el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la sentencia relativa a la 56.ª sesión sobre las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de los Estados del Magreb, de la Unión Europea y de algunos de sus Estados miembros (Palermo, Festival Sabir, 23-25 de octubre de 2025).
La iniciativa de Bruselas se inscribe en la continuidad de la primera presentación de la sentencia, celebrada en Rabat el pasado 31 de marzo, y la complementa. Si la reunión de Rabat (enlace al vídeo) se centró en un análisis en profundidad de la situación en el Magreb, la cita de Bruselas pretende centrarse, por su parte, en el papel y las responsabilidades de la Unión Europea.
