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11 de junio de 2026
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) expresa su profunda preocupación por la decisión de la Unión Europea de invitar a representantes talibanes a Bruselas para debatir sobre el retorno forzoso de migrantes afganos. Esta medida supone un peligroso paso hacia la normalización de un régimen responsable de la persecución por motivos de género. La discriminación sistemática, sistémica e institucionalizada de los talibanes contra las mujeres equivale a persecución por motivos de género, violaciones generalizadas de los derechos humanos y el desmantelamiento de todas las libertades fundamentales de las mujeres y niñas afganas.
En su 55.ª sesión sobre las mujeres de Afganistán, convocada a petición de Rawadari, HRD+, AHRDO, y DROPS, el panel independiente de jueces[1] declaró responsables de crímenes contra la humanidad por persecución de género, en virtud del artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma, a diez líderes talibanes y a los talibanes como grupo, tal y como se establece en la Sentencia hecha pública en diciembre de 2025. Además, el Tribunal consideró que el Estado de Afganistán está incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de los diversos tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, de los que sigue siendo parte. La Sentencia señala asimismo que la situación en Afganistán reúne los elementos constitutivos de un sistema similar al apartheid, es decir, un régimen institucionalizado de segregación, exclusión y dominación.
Tal y como se destaca en las actas del proceso ante el TPP y en la Sentencia, los talibanes, en su calidad de autoridad gobernante de facto, son los autores de una campaña coordinada de persecución por motivos de género a escala estatal, llevada a cabo con la intención de borrar a las mujeres de la vida pública y reestructurar la sociedad afgana en torno a la supremacía masculina. Las pruebas aportadas por las sobrevientes, testigos y organismos internacionales revelan una campaña coordinada para excluir, silenciar y controlar a las mujeres mediante la prohibición de su educación, la imposibilidad de trabajar, la eliminación de su presencia en la vida pública, la imposición de un estricto código de vestimenta, la restricción del acceso a la atención sanitaria y el castigo de la disidencia. Al exigir que las mujeres afganas vayan siempre acompañadas de un hombre de la familia (mahram), los talibanes han restringido no solo su libertad de movimiento, sino también su acceso a los centros de salud y a los médicos. Los talibanes han institucionalizado la discriminación y la represión de las mujeres y niñas afganas mediante la promulgación de más de 100 edictos y decretos vinculantes que se aplican a través de mecanismos que las subyugan y controlan, tanto a nivel individual como colectivo. Además, los talibanes persiguen sistemáticamente a las activistas afganas mediante sistemas de vigilancia y reprimiendo a quienes participan en las protestas. Las mujeres y niñas afganas son detenidas y, a menudo, sometidas a detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, violencia sexual durante su custodia y confesiones forzadas. Las mujeres y niñas afganas también son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, atentados suicidas y lapidaciones, lo que pone en peligro su derecho a vivir con dignidad.
La institucionalización del régimen de género de los talibanes refleja patrones más amplios en los que la autoridad patriarcal se integra en las estructuras estatales. En este sistema, la subordinación de las mujeres se presenta como algo natural, culturalmente auténtico y religiosamente obligatorio, mientras que la autoridad masculina se presenta como fuente de protección, orientación moral y orden social. Una vez que el Estado adopta esta visión del mundo, se impone a través de la legislación, la práctica administrativa y la gestión cotidiana, y no solo mediante las normas familiares o comunitarias. Al mismo tiempo, la restricción de los derechos de las mujeres se convierte en un proyecto político vinculado a la reivindicación de la restauración de la identidad nacional y la defensa de los valores culturales y religiosos. Por lo tanto, la dominación de género de los talibanes no es incidental, sino sistemática y estructural, entretejida en la ideología gobernante del Estado, lo que da lugar a un sistema de discriminación institucionalizada dirigido contra las mujeres como grupo y que trata su exclusión como una condición necesaria del orden social. Las consecuencias de la discriminación sistémica de los talibanes son profundas y multidimensionales, y van mucho más allá de las violaciones de los derechos individuales, ya que remodelan el panorama social, económico y político de Afganistán.
La normalización de las relaciones con las autoridades talibanes de facto tiene numerosas consecuencias. Entre ellas, cabe destacar las siguientes: en primer lugar, el impacto político inmediato es que envalentonará a los talibanes y, al mismo tiempo, reducirá la influencia internacional. Cuando los Estados no actúan frente a la represión de género ejercida por los talibanes, permiten que el grupo exija e imponga la segregación de género no solo a nivel nacional, sino también en países soberanos y democráticos. En segundo lugar, el impacto normativo y en materia de derechos humanos de la normalización es profundo. Se corre el riesgo de socavar la universalidad de los derechos de las mujeres al dar a entender que las libertades de las mujeres pueden sacrificarse de nuevo por conveniencia política. En tercer lugar, el efecto sobre las normas y la dimensión internacional es profundamente preocupante. Erosiona el tabú de larga data contra la normalización de regímenes de opresión institucionalizada. Sugiere que los gobiernos responsables de violaciones masivas de los derechos de las mujeres y las niñas pueden, no obstante, disfrutar de relaciones diplomáticas y económicas internacionales. En cuarto lugar, las consecuencias para los sistemas de rendición de cuentas son graves. La normalización debilitará mecanismos como la CPI y la CIJ, que la comunidad internacional tardó décadas en construir y por los que las mujeres afganas han luchado durante años. Estas estructuras se crearon precisamente para evitar el tipo de impunidad de la que ahora goza los talibanes. Por último, la normalización perjudicará gravemente a las mujeres y niñas afganas. Cuando la comunidad internacional opta por aceptar a los talibanes en lugar de apoyar a las mujeres afganas, muchas de ellas perderán la fe en los derechos humanos y en la rendición de cuentas internacional, y pasarán de la resistencia activa a la mera supervivencia. Este cambio erosiona la esperanza, debilita la defensa de los derechos y, en última instancia, refuerza el control de los talibanes sobre la sociedad, lo que prolonga su régimen opresivo.
Aunque la UE no reconoce a los talibanes como autoridad legítima, esta invitación contradice los propios principios de derechos humanos declarados por la UE y contribuye a la protección de regímenes autoritarios cuando se alinean con los intereses de la UE. La UE ha impuesto sanciones a múltiples líderes talibanes por su implicación en actos terroristas, abusos contra los derechos humanos, violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, y amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Estas sanciones siguen vigentes precisamente porque los talibanes continúan perpetrando graves violaciones, incluida la persecución de mujeres y niñas. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el trato que los talibanes dispensan a las mujeres constituye persecución, lo que subraya la imposibilidad de garantizar la seguridad de cualquier mujer que sea devuelta por la fuerza a Afganistán. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra altos cargos talibanes por presuntos crímenes contra la humanidad, como la persecución por motivos de género contra mujeres y niñas.
Extender invitaciones al diálogo político y a la cooperación «técnica» a personas relacionadas con tales acusaciones pone en peligro la credibilidad de los mecanismos de justicia internacional y envía un mensaje devastador a las víctimas afganas que exigen responsabilidades. Al entablar conversaciones con los talibanes sobre las deportaciones, en particular, de personas que podrían sufrir persecución, encarcelamiento o muerte a su regreso, la UE corre el riesgo de convertirse en cómplice de violaciones del derecho internacional de los refugiados y del principio de no devolución.
Por ello, el Tribunal insta a la Unión Europea a:
- retirar inmediatamente la invitación extendida a los representantes talibanes y reafirmar su no reconocimiento del régimen talibán.
- suspender todas las deportaciones a Afganistán, dados los riesgos bien documentados a los que se enfrentan los repatriados, especialmente las mujeres, las niñas y las minorías.
- reforzar el apoyo a los refugiados y solicitantes de asilo afganos, garantizando que ninguna persona sea devuelta a una situación de persecución.
- respete el derecho internacional y las normas de derechos humanos, incluido su propio régimen de sanciones y la autoridad de la CPI.
- colaborar directamente con la sociedad civil afgana, las organizaciones de mujeres y los actores democráticos, en lugar de hacerlo con los autores de la opresión de género.
El Tribunal Permanente de los Pueblos se solidariza con el pueblo afgano, especialmente con las mujeres y niñas afganas, que siguen resistiendo la brutalidad de los talibanes a costa de un riesgo personal extraordinario. Instamos a la Unión Europea a que se solidarice con ellas y no con sus opresores.
[1] Rashida Manjoo (Sudáfrica), presidente, Araceli García del Soto (España), Elisenda Calvet-Martínez (España), Emilio Ramírez Matos (España), Ghizal Haress (Afghanistán), Mai El-Sadany (Egipto/Estados Unidos), Marina Forti (Italia) and Kalpana Sharma (India).
